En un acto sin precedentes realizado en el corazón de los Altos de Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que fortalece la autonomía de los pueblos originarios en México. Durante una sesión extraordinaria celebrada en la plaza pública del municipio de Tenejapa, el máximo tribunal del país otorgó un amparo a la comunidad tzotzil de La Candelaria, perteneciente a San Cristóbal de las Casas, para que el Congreso del Estado legisle y reconozca formalmente su derecho al autogobierno.
El conflicto legal se originó luego de que la comunidad, tras celebrar una Asamblea Comunitaria, acordara gestionar ante las autoridades estatales el ejercicio de su libre determinación basada en sistemas normativos propios. Sin embargo, al presentar la solicitud para ser reconocidos como sujetos de derecho público ante el Congreso de Chiapas, los legisladores locales rechazaron la petición argumentando que no existía un fundamento legal específico ni un marco jurídico adecuado para dar trámite a dicha demanda de autonomía.
Bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el proyecto de amparo 344/2025 determinó que la omisión legislativa del Congreso local vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. La resolución establece que la ausencia de leyes secundarias no debe ser un obstáculo para el ejercicio de la autonomía indígena. En consecuencia, la Corte exige a los legisladores chiapanecos —y por extensión a los marcos locales— crear el andamiaje jurídico necesario para garantizar que las comunidades puedan gobernarse bajo sus propios usos y costumbres, reconociéndolas plenamente como sujetos de derecho público.
Este fallo no solo impacta directamente a la comunidad de La Candelaria, sino que sienta un precedente crucial para todos los Congresos locales del país sobre la urgencia de armonizar las leyes estatales con el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mensaje de la Corte es contundente: la libre determinación es un derecho humano preexistente que el Estado tiene la obligación de facilitar y normar, no de obstruir mediante vacíos legales o burocráticos.
La sesión destacó también por su alto valor simbólico y social. Por primera vez, los ministros de la Corte sesionaron en un espacio abierto fuera de la Ciudad de México vistiendo trajes típicos de la región, en un esfuerzo por acortar la brecha institucional con los pueblos indígenas. Con esta decisión, la SCJN reafirma su papel como garante de una nación pluricultural, asegurando que el camino hacia el autogobierno indígena cuente con el respaldo y la seguridad jurídica necesaria para su implementación efectiva en el estado de Chiapas y el resto de la República.
