BRASILIA.- El clima político en Brasil alcanzó un nuevo nivel de crispación este jueves, luego de que una sesión parlamentaria terminara en un intercambio de golpes, insultos y empujones. El detonante de la gresca fue la decisión de una comisión mixta del Congreso de aprobar el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La resolución, que busca indagar en las finanzas del primogénito del mandatario en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción, provocó la indignación inmediata de los legisladores afines al oficialismo. De acuerdo con los reportes desde el recinto legislativo, los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados irrumpieron hacia la mesa directiva para protestar enérgicamente contra el resultado de la votación, lo que derivó en un zafarrancho que obligó a la suspensión temporal de los trabajos.
En videos que circulan en redes sociales y medios locales, se observa cómo el debate democrático fue reemplazado por agresiones físicas. El legislador Rogério Correia denunció públicamente a través de sus plataformas digitales haber sido víctima de una "agresión cobarde" por parte de sectores vinculados al bolsonarismo, reflejando la profunda polarización que continúa fracturando a la sociedad y a las instituciones brasileñas.
Este incidente resuena con los episodios de confrontación que ocasionalmente se viven en los congresos de América Latina, incluyendo el Palacio Legislativo de San Lázaro en México, subrayando una tendencia de alta volatilidad política en la región. En ambos contextos, el escrutinio sobre el entorno familiar de los jefes de Estado se ha convertido en un punto de fricción constante entre las fuerzas en el poder y la oposición.
Aunque la sesión pudo ser retomada tras el altercado, el ambiente en el Parlamento permanece tenso. La investigación contra Fábio Luís Lula da Silva representa un nuevo desafío mediático y político para la administración de Lula, que se encuentra bajo la lupa de una oposición que busca capitalizar cualquier indicio de irregularidad financiera dentro del círculo cercano del presidente. Hasta el momento, el gobierno brasileño ha evitado profundizar en los incidentes físicos, centrando su postura en la defensa de la legalidad del proceso.
