La excandidata presidencial de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, acudió la mañana de este jueves a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) para formalizar su respuesta legal ante la demanda por daño moral interpuesta en su contra por Carlos Imaz, exjefe delegacional en Tlalpan.

El conflicto legal deriva de las declaraciones vertidas por Gálvez durante el segundo debate presidencial, celebrado el pasado 28 de abril de 2024. En dicho encuentro, la política hidalguense hizo referencia a los polémicos videos que salieron a la luz en el año 2004, en los cuales se observa a Imaz recibiendo y guardando fajos de billetes entregados por el empresario Carlos Ahumada, un suceso que marcó la agenda política nacional hace dos décadas.

Al salir de los juzgados, Gálvez Ruiz fue enfática al señalar que las acusaciones de Imaz carecen de fundamento jurídico, pues ella únicamente retomó información que es de dominio público. “Él argumenta que dañé su reputación, su imagen y su honor en el debate presidencial. La verdad, lo que yo mencioné lo tomé de un video que se hizo público en 2004, en el que se ve al señor Carlos Imaz tomando fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa”, explicó ante los medios de comunicación.

La exsenadora aseguró que la acción legal emprendida por el exfuncionario morenista no busca resarcir un honor afectado, sino que tiene motivaciones económicas y políticas. Gálvez afirmó que Imaz pretende obtener una indemnización monetaria y, de paso, intentar censurar su presencia en plataformas digitales. Según la excandidata, sus críticas al actual régimen en redes sociales han alcanzado una alta viralidad, lo que habría motivado este intento de silenciarla por la vía judicial.

“Lo que quiere es dinero”, sentenció Gálvez, reiterando que la reputación de Carlos Imaz se vio comprometida desde el momento en que se difundieron los llamados 'videoescándalos' hace veinte años, y no por el recordatorio de estos hechos en una contienda democrática reciente.

El caso ahora se encuentra en manos de las autoridades judiciales de la capital, quienes deberán determinar si los señalamientos de Gálvez en el debate presidencial constituyeron una transgresión a la ley o si, como sostiene la defensa, se trata de un ejercicio de libertad de expresión basado en hechos históricos documentados y de interés general para la ciudadanía mexicana.