La violencia que azota al estado de Sinaloa ha cobrado una nueva víctima simbólica y trágica. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Patricia Gómez-Tagle, integrante de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la región. El hallazgo se produjo en el puerto de Mazatlán, bajo circunstancias que han consternado a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con los reportes periciales preliminares proporcionados por las autoridades ministeriales, el cuerpo de la activista presentaba múltiples heridas provocadas por un "arma punzocortante". Patricia Gómez-Tagle se había dedicado incansablemente a la labor de búsqueda tras la desaparición de su hijo, ocurrida el año pasado, integrándose a las brigadas que rastrean fosas clandestinas ante la falta de resultados por parte de las instituciones oficiales.
Este crimen se suscita en un contexto político y social de extrema sensibilidad. El asesinato fue reportado de manera paralela a la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al sur de Sinaloa. Mientras la agenda oficial se centraba en la supervisión de proyectos de infraestructura, la realidad de la inseguridad en la entidad volvió a ocupar los titulares, evidenciando la vulnerabilidad de quienes dedican su vida a buscar justicia por sus propios medios.
Sinaloa atraviesa actualmente uno de sus periodos más críticos de violencia en años recientes, derivado de pugnas internas entre facciones del crimen organizado. Esta situación ha dejado a los colectivos de familiares de desaparecidos en una posición de riesgo total, pues sus labores de rastreo en campo a menudo incomodan a los grupos delictivos que operan con impunidad en diversas zonas del estado.
Organizaciones civiles y colectivos de buscadoras han alzado la voz para exigir que el homicidio de Gómez-Tagle no sea tratado como un hecho aislado, sino como un ataque directo a la labor de defensa de los derechos humanos. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido una línea de investigación oficial que vincule el crimen con su labor de activismo.
La muerte de Patricia Gómez-Tagle se suma a una dolorosa lista de madres buscadoras asesinadas en México, un fenómeno que subraya la deuda histórica del Estado con las familias de las víctimas de desaparición forzada. La exigencia de justicia se intensifica en una entidad que, pese al despliegue de fuerzas federales, sigue siendo escenario de una violencia imparable.
