Lo que comenzó como una serie de misteriosos padecimientos médicos terminó en una perturbadora revelación para una pareja en Santa Clarita, California. Billy Sonhopper y su esposo David vivieron meses de angustia por un deterioro progresivo en su salud, sin imaginar que el peligro se encontraba dentro de su propia cocina y era provocado por la persona con la que compartían el hogar.
Durante semanas, los afectados acudieron a diversas salas de urgencias debido a intensos dolores en el pecho y severas molestias gastrointestinales. Sin embargo, no fue sino hasta una consulta reciente que los médicos encendieron las alarmas al detectar un posible daño hepático en los estudios de laboratorio de David. Ante la sospecha clínica de que los síntomas pudieran derivarse de una exposición prolongada a sustancias tóxicas, la pareja decidió investigar lo que sucedía en su residencia ubicada en Cedar Ridge Court.
Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las áreas comunes, la pareja quedó atónita. El material videográfico mostró a su compañero de casa, identificado como Timothy Bradbury, de 42 años, realizando actos premeditados de envenenamiento. En las imágenes se observa a Bradbury utilizando una máscara antigás mientras rociaba con un bote azul de insecticida diversos alimentos, la cafetera de uso diario, especias y productos almacenados en la despensa.
De acuerdo con el testimonio de las víctimas, la relación con Bradbury ya era tensa debido a conflictos previos de convivencia, pero nunca sospecharon que la situación escalaría a un atentado directo contra su integridad física. El uso de equipo de protección por parte del agresor sugiere un conocimiento pleno de la toxicidad del químico empleado y una clara intención de evitar dañarse a sí mismo mientras contaminaba los suministros básicos de la pareja.
Este caso ha resonado con fuerza en los últimos días, subrayando los peligros potenciales en los esquemas de vivienda compartida o 'roomies', una práctica cada vez más común tanto en Estados Unidos como en las principales urbes de México debido al alto costo de las rentas. Las autoridades locales ya cuentan con el material probatorio para proceder legalmente contra el presunto responsable, mientras las víctimas continúan bajo supervisión médica para evaluar las secuelas a largo plazo de la ingesta accidental de estos pesticidas.
