PUERTO VALLARTA, Jalisco – En un nuevo capítulo que vincula la política local con el crimen organizado, investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han puesto bajo la lupa a Corporativo Costa Norte. Esta empresa, asentada en Puerto Vallarta, ha sido señalada por sus presuntos nexos operativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destacando que uno de sus accionistas principales es un cuadro activo del partido Morena.

Se trata de Daniel Fabián Ibarra Díaz, quien de acuerdo con los registros más recientes del Instituto Nacional Electoral (INE), figura como militante del partido guinda en el estado de Jalisco. Ibarra Díaz no solo posee intereses comerciales en la firma sancionada por el gobierno estadounidense, sino que ha mantenido una trayectoria constante en la administración pública de Puerto Vallarta. Durante el gobierno del morenista Luis Alberto Michel Rodríguez, el señalado estuvo al frente del rastro municipal entre 2021 y 2023, y posteriormente fue promovido como jefe de aseo público de la localidad.

Las ambiciones políticas de Ibarra Díaz se extendieron hasta el proceso electoral de 2024, cuando compitió bajo las siglas de Morena por una regiduría en el ayuntamiento de la ciudad portuaria, aunque no logró obtener el escaño. A pesar de que han transcurrido siete meses desde que las autoridades de Estados Unidos hicieron públicas las sanciones contra el corporativo —creado originalmente en 2006—, la dirigencia de Morena no ha emitido pronunciamientos oficiales ni ha procedido con la suspensión de su militancia.

Este caso guarda similitudes con otros antecedentes de militantes vinculados a grupos delictivos, como el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. Bermúdez fue señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, lo que derivó en su expulsión del partido en julio de 2025. Sin embargo, en el caso de Ibarra Díaz, la falta de acción interna por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido genera cuestionamientos sobre los filtros de control.

Las sanciones impuestas por la administración estadounidense, reforzadas en agosto de 2025, forman parte de una ofensiva contra las redes financieras del CJNG involucradas en fraudes inmobiliarios y de tiempos compartidos. Esta modalidad delictiva ha dejado cerca de 6 mil víctimas y pérdidas estimadas en 350 millones de dólares, consolidando a Puerto Vallarta como un punto neurálgico para las operaciones de lavado de dinero de la organización criminal.