La muerte de Ángel Ramón, un niño de apenas cinco años perteneciente a la comunidad ódami, ha puesto nuevamente bajo la lupa la precariedad de los servicios de salud en las zonas más remotas de Chihuahua y la persistente deuda del Estado mexicano con los pueblos originarios. El menor falleció el pasado 4 de febrero en el Hospital Infantil de Especialidades de la capital del estado, tras un largo peregrinaje médico que inició por la falta de infraestructura en su lugar de origen.

La odisea de la familia Julián Baiza comenzó el 28 de enero en la comunidad de Rancho Los Julianes, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Ante la ausencia de servicios de salud locales, los padres caminaron durante dos horas cargando a su hijo enfermo hasta llegar a una clínica en Llano Grande. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro clínico, el personal médico les informó que el menor debía ser trasladado a la cabecera municipal. De ahí, el niño fue derivado a un hospital en Parral y, finalmente, al Hospital Infantil de Especialidades (HIES) en la ciudad de Chihuahua.

Durante su estancia en la capital, la familia se enfrentó a un obstáculo infranqueable: la barrera del idioma. A pesar de que la Constitución Mexicana garantiza el derecho de los pueblos indígenas a ser asistidos por intérpretes en cualquier proceso público, la Secretaría de Salud estatal no proporcionó un traductor de lengua ódami. Como consecuencia, los padres de Ángel Ramón permanecieron junto a su hijo intubado sin comprender el diagnóstico, los tratamientos aplicados ni la evolución de su estado de salud.

Fue gracias a la intervención del medio local Raíchali que se pudo establecer un vínculo de comunicación. Al traducir las palabras de la madre, se reveló la angustia de no saber por qué su hijo tenía dispositivos médicos para respirar o qué padecía exactamente. Informes periodísticos sugieren que el menor sufría una infección cerebral severa, posiblemente vinculada a la tuberculosis, aunque la familia nunca recibió una explicación clara y accesible en su lengua materna.

Ante estos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua inició una queja de oficio contra la Secretaría de Salud estatal. La investigación busca determinar la responsabilidad de las autoridades por posibles violaciones a los derechos humanos, particularmente en lo que respecta al acceso a la salud con pertinencia cultural y lingüística. Este caso resalta la urgencia de fortalecer los sistemas de salud en la Sierra Tarahumara y garantizar que la lengua no sea un factor que determine la vida o la muerte de los ciudadanos.