El conflicto laboral en el corazón de la movilidad capitalina escala un nuevo peldaño. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), mejor conocido como el sindicato metro, anunció una serie de medidas de presión ante lo que califican como una falta de respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de la Ciudad de México a sus demandas estructurales.

¿Qué pasó?

La dirigencia sindical, encabezada por Fernando Espino Arévalo, confirmó que los más de 13 mil trabajadores que integran la organización dejarán de laborar horas extraordinarias de manera inmediata. Además, se ha convocado a una manifestación de “brazos caídos” para el próximo martes 3 de marzo, la cual involucrará a todo el personal de las áreas técnicas y operativas del sistema.

¿Por qué importa?

Esta medida no es solo un reclamo laboral, sino una alerta sobre las condiciones de operación del STC. El sindicato metro señala que existe una carencia crítica de recursos económicos destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de los trenes, las vías y las instalaciones fijas. Según los representantes de los trabajadores, la falta de adquisición de refacciones y herramientas básicas pone en riesgo la seguridad y eficiencia del transporte que traslada diariamente a cerca de 4 millones de usuarios en la capital del país.

La postura del sindicato es clara: sin la inversión necesaria en equipos electrónicos y electromecánicos, no pueden garantizar la integridad de los pasajeros. Esta jornada de “brazos caídos” implica que el personal estará presente en sus centros de trabajo, pero no realizará sus funciones habituales en protesta por la falta de insumos necesarios para cumplir con su labor bajo estándares internacionales de seguridad.

¿Qué sigue?

El anuncio pone presión directa sobre la administración capitalina para entablar una mesa de negociación efectiva antes de la fecha pactada. De no haber un acuerdo previo, se prevé que el servicio de las 12 líneas del Metro pueda verse afectado por retrasos derivados de la falta de respuesta técnica inmediata ante posibles averías y la ausencia de personal en turnos extendidos. Por ahora, el Consejo Nacional de delegados se mantiene en sesión permanente para evaluar la respuesta de las autoridades locales y decidir si las medidas de presión se intensificarán en los días posteriores al 3 de marzo.