En el marco de la discusión sobre la próxima reforma electoral en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto sobre la mesa un ambicioso y controversial planteamiento: que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con las facultades y herramientas necesarias para eliminar noticias falsas —conocidas popularmente como 'fake news'— de las plataformas digitales en tiempo real durante los periodos de campaña.

Esta iniciativa surge como una respuesta directa al creciente fenómeno de la desinformación en redes sociales, el cual ha cobrado un papel protagónico en los procesos electorales recientes tanto en México como a nivel internacional. Según lo planteado por la mandataria, el objetivo primordial de esta medida es salvaguardar la equidad en la contienda y garantizar que el derecho al voto de la ciudadanía se ejerza de manera libre e informada, evitando la distorsión que generan las campañas de desprestigio basadas en datos fabricados.

Sin embargo, el planteamiento ha sido recibido con escepticismo por diversos sectores que lo consideran un reto de proporciones monumentales, e incluso una tarea de ejecución sumamente compleja para el árbitro electoral. En la actualidad, el INE dispone de mecanismos de monitoreo y protocolos de respuesta ante quejas por propaganda indebida, pero estos procesos suelen tomar días o incluso semanas para ser resueltos a través de la Comisión de Quejas y Denuncias y, eventualmente, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La exigencia de actuar en 'tiempo real' implicaría una reingeniería administrativa y tecnológica sin precedentes en la historia democrática del país.

Uno de los mayores obstáculos para la implementación de esta propuesta radica en la coordinación necesaria con las empresas transnacionales que operan las principales redes sociales. Lograr que plataformas de alcance global retiren contenido de manera inmediata bajo criterios dictados por una autoridad electoral nacional requeriría de convenios de colaboración robustos y una definición jurídica extremadamente precisa. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en actos que podrían interpretarse como censura previa o vulneraciones a la libertad de expresión.

La propuesta de la presidenta Sheinbaum abre así un debate profundo sobre los límites de la comunicación digital en la política mexicana. Mientras que los promotores de la medida argumentan que es una herramienta vital para detener la denominada 'guerra sucia', expertos en derecho constitucional advierten sobre la dificultad de determinar, bajo la presión de la inmediatez, qué información constituye una falsedad deliberada y qué pertenece al ámbito de la opinión o la crítica política protegida.