En una actualización relevante sobre la implementación de la reforma al Poder Judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum descarta que los tiempos electorales para este proceso estén cerrados de manera definitiva. Durante su conferencia matutina celebrada en Mazatlán, Sinaloa, la mandataria calificó como "una probabilidad" el traslado de la jornada electiva al año 2028, una propuesta que se encuentra actualmente bajo revisión técnica y financiera antes de ser remitida formalmente al Congreso de la Unión para su análisis.

El anuncio marca un punto de inflexión en la planeación de la reforma, ya que la administración federal busca priorizar los principios de austeridad. Según explicó Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México está evaluando minuciosamente los costos operativos que representaría organizar una jornada independiente, frente al ahorro significativo que significaría ajustar el calendario. "Estamos evaluando también los costos, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo", afirmó la mandataria ante los medios de comunicación, subrayando que el factor económico es primordial en esta decisión.

Lo que hoy se presenta como una novedad, a diferencia de las discusiones previas sobre la reforma, es la preocupación por la saturación logística para la ciudadanía. La presidenta señaló que la cantidad de boletas que los votantes tendrían que manejar en un solo ejercicio es un factor determinante que podría complicar el proceso. Esta evaluación no solo contempla la elección de jueces y magistrados, sino que también analiza la coincidencia con otros ejercicios democráticos, como la consulta para la revocación de mandato.

Sheinbaum recordó que, bajo este nuevo esquema en evaluación, el proceso ya no incluiría la elección de ministros de la Suprema Corte ni del Tribunal de Justicia de la misma forma que se había planteado inicialmente. El objetivo es transitar hacia un modelo más eficiente que no sature el sistema electoral ni comprometa los recursos de la nación.

Por el momento, queda pendiente que el Ejecutivo Federal presente el proyecto formal ante el Poder Legislativo, donde se definirán los términos legales de este posible cambio de fecha. Asimismo, falta por confirmar el desglose presupuestario que justifique el movimiento hacia 2028 y cómo se articulará la logística con el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la transparencia y viabilidad de este histórico proceso de selección judicial.