En un giro inesperado para la política interna de Venezuela, el gobierno ha oficializado el relevo en la titularidad del Ministerio Público. Larry Devoe, un abogado con amplia trayectoria en la defensa de los intereses del Estado ante organismos internacionales, ha sido designado como Fiscal General encargado. Este nombramiento llega tras la renuncia de Tarek William Saab, quien se mantuvo al frente de la institución desde agosto de 2017, un periodo marcado por la polarización y el constante seguimiento de organismos de derechos humanos.
Devoe no es un desconocido en los círculos de poder de Caracas. Previamente, se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y fue el principal representante del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su perfil técnico y su experiencia en el ámbito de los tratados internacionales sugieren un intento de la administración venezolana por reformular su interlocución con organismos multilaterales, especialmente en un momento donde la justicia de ese país se encuentra bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI).
Por su parte, la salida de Tarek William Saab cierra un ciclo institucional que comenzó en medio de la crisis política de 2017. El legado de Saab es motivo de intenso debate académico y político. Mientras que sus simpatizantes destacan su labor en la reestructuración del Ministerio Público y el combate a tramas de corrupción interna, diversos organismos no gubernamentales y sectores de la oposición critican lo que califican como una gestión carente de independencia. Bajo su mandato, la fiscalía enfrentó señalamientos recurrentes sobre el uso del sistema penal para fines políticos, un legado que ahora Devoe deberá gestionar.
Desde la perspectiva de México, este cambio institucional es seguido con atención debido al papel que ha jugado nuestro país como sede y mediador en las mesas de diálogo entre el gobierno y la plataforma unitaria venezolana. La estabilidad y la imparcialidad de las instituciones judiciales en el país sudamericano son elementos clave para cualquier proceso de transición o acuerdo de convivencia democrática que impacte la gobernabilidad regional y los flujos migratorios en el hemisferio.
El ascenso de Larry Devoe ocurre en un clima de incertidumbre sobre el futuro de la autonomía judicial en Venezuela. Su gestión como fiscal encargado definirá si existe una voluntad real de reforma institucional o si se trata de un relevo estratégico para mantener la continuidad de las políticas previas. Los próximos meses serán fundamentales para observar si el nuevo fiscal logra desmarcarse de los cuestionamientos que pesaron sobre su antecesor y si ofrece garantías de debido proceso en un sistema judicial altamente presionado.
