La defensa legal del expresidente venezolano Nicolás Maduro ha escalado su confrontación con las autoridades financieras de Estados Unidos. Barry Pollack, abogado principal en el proceso que enfrenta Maduro ante la justicia estadounidense, notificó formalmente a un tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro está bloqueando activamente la licencia necesaria para que el gobierno de Venezuela pueda costear su representación legal.
En una misiva dirigida al juez Alvin Hellerstein, quien encabeza el caso, Pollack denunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está incurriendo en una «interferencia directa» contra el derecho a la defensa de su cliente. La controversia surge tras un confuso episodio ocurrido el pasado 9 de enero, cuando la OFAC concedió inicialmente una licencia que permitía a los abogados recibir fondos de Caracas. Sin embargo, apenas tres horas después de su emisión, el organismo enmendó el documento sin ofrecer explicaciones, prohibiendo de forma específica la recepción de fondos gubernamentales venezolanos para la defensa del político.
Para el litigante, esta restricción deja a Maduro en una situación de vulnerabilidad procesal. Según el documento hecho público recientemente, Pollack sostiene que el exmandatario tiene una «expectativa legítima» de que el Estado venezolano cubra los costos de su proceso, argumentando que no posee otros medios económicos para costearse un equipo de defensa de este nivel. La defensa alega que la decisión de la administración de Donald Trump vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza a cualquier acusado el derecho a contar con el abogado de su elección.
Este desarrollo ocurre en un momento de extrema volatilidad política para Venezuela. Recientemente, el panorama institucional en Caracas se ha visto sacudido por las renuncias del fiscal general y del defensor del Pueblo, ambos perfiles históricamente alineados con el madurismo. Estos cambios, sumados a las revelaciones sobre comunicaciones previas entre el equipo de Maduro y la administración Trump, sugieren un escenario de transición compleja que resuena en toda la región latinoamericana.
Para México, la evolución de este caso es de suma importancia debido a la postura histórica de la diplomacia mexicana respecto a la crisis venezolana y la protección de los derechos procesales internacionales. Por ahora, Pollack ha solicitado formalmente a la OFAC que restablezca la licencia original de enero, advirtiendo que, de mantenerse el bloqueo financiero, la capacidad de Maduro para enfrentar el juicio en igualdad de condiciones ante la ley estadounidense quedará severamente comprometida.
