La Ciudad de México da un paso decisivo en la regulación de la movilidad urbana. A través de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), se ha hecho oficial la implementación de nuevas normativas que obligan a los usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia a cumplir con requisitos de registro similares a los de las motocicletas convencionales. Esta medida responde al crecimiento exponencial de estos vehículos en las principales arterias viales de la metrópoli.

De acuerdo con las modificaciones publicadas en la Gaceta Oficial, no todos los vehículos eléctricos estarán sujetos a esta norma. La regulación se enfoca específicamente en aquellas unidades que, por su capacidad técnica, superan los límites de velocidad y potencia de una bicicleta asistida convencional. Los dispositivos que alcancen velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora o que cuenten con motores de alta capacidad deberán, a partir de ahora, portar una placa de matriculación visible y contar con una tarjeta de circulación.

El objetivo central de esta reforma es dotar de un marco legal claro a la micromovilidad, un sector que hasta ahora operaba en una zona gris legislativa. Al exigir el emplacamiento, las autoridades buscan tener un padrón confiable de unidades que circulan por la capital, lo que facilitará la identificación en caso de accidentes de tránsito o infracciones al Reglamento de Tránsito vigente. Además, se establece que los conductores de estos vehículos deberán portar obligatoriamente casco de protección y, en ciertos casos, poseer una licencia de conducir tipo A1 o A2.

Desde la perspectiva de la seguridad vial, esta decisión ha generado opiniones divididas. Mientras que asociaciones de ciclistas y peatones celebran que se ponga orden a vehículos que circulan a velocidades considerables en zonas peatonales o ciclovías, algunos usuarios de scooters consideran que el trámite administrativo podría desincentivar el uso de transportes sustentables. No obstante, la SEMOVI ha enfatizado que estas medidas no pretenden frenar la movilidad eléctrica, sino garantizar que esta se desarrolle de manera responsable y segura para todos los actores de la vía pública.

Para los propietarios de estas unidades, el proceso de regularización incluirá la inscripción en el registro oficial y el pago de derechos correspondientes. Las autoridades capitalinas han anunciado que habrá un periodo de gracia y campañas informativas para que la ciudadanía pueda adaptarse a estos cambios antes de que se comiencen a aplicar sanciones económicas o la remisión de vehículos al depósito vehicular.