En el marco del congreso 'Raíces Ancestrales', un nutrido grupo de productores de destilados rurales y artesanales de diversas regiones del país ha alzado la voz para exigir una reforma estructural al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La demanda principal radica en una transición urgente del esquema actual de cobro, basado en el valor del producto (ad valorem), hacia uno determinado estrictamente por el grado de contenido alcohólico.
De acuerdo con los representantes del sector, el sistema tributario vigente en México resulta punitivo para las bebidas de alta calidad y baja escala de producción, como el mezcal, el sotol, la raicilla y el bacanora. Al aplicarse sobre el precio de venta, el impuesto castiga severamente a los productores que invierten en procesos tradicionales, empaques artesanales y certificaciones, elevando el costo final al consumidor de manera desproporcionada en comparación con los destilados industriales de bajo costo.
Durante las mesas de trabajo celebradas en el evento, se enfatizó que el esquema de cuota fija por litro de alcohol puro permitiría nivelar el campo de juego frente a las grandes corporaciones. 'Un mezcal artesanal paga mucho más impuestos que un destilado industrial masivo solo porque su costo de producción es mayor, lo cual es un contrasentido económico y social', señalaron participantes del foro. Esta disparidad no solo afecta la rentabilidad de las familias campesinas, sino que fomenta indirectamente el mercado de alcohol adulterado que, al ser más barato, se vuelve la opción principal para un sector del mercado.
El congreso 'Raíces Ancestrales' se ha consolidado como un espacio de resistencia y propuesta para defender el patrimonio líquido de México. Los productores destacaron que estas bebidas no son solo mercancías, sino expresiones culturales y de biodiversidad de los pueblos originarios y comunidades rurales. Por ello, instaron a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión a considerar una modificación a la Ley del IEPS que reconozca estas diferencias estructurales.
La propuesta presentada no busca la evasión fiscal, sino un sistema más justo y equitativo que incentive la formalidad y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) rurales. Con esta reforma, los productores aseguran que se fortalecería la cadena de valor del campo mexicano, protegiendo las técnicas ancestrales que dan identidad al país ante el mercado internacional.
