Mérida, Yucatán.- En una acción contundente para frenar el deterioro ambiental en la región sureste del país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezó una serie de operativos estratégicos dentro de la Zona de Reserva Ecológica Cuxtal. La movilización, realizada en estrecha colaboración con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, tuvo como objetivo primordial combatir la ocupación irregular de terrenos y el cambio de uso de suelo no autorizado dentro de esta Área Natural Protegida (ANP).
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades ambientales, la intervención se estructuró mediante la formación de dos células de trabajo. Cada equipo estuvo integrado por inspectores federales de la Profepa y elementos de las fuerzas del orden, quienes realizaron recorridos de vigilancia y verificación para atender denuncias sobre la presencia de asentamientos humanos no planificados y la explotación ilícita de recursos maderables en la zona.
En el primer frente de este operativo, las autoridades inspeccionaron un predio identificado bajo el nombre de “Hacienda Ana Victoria”. En este sitio, los peritos ambientales detectaron el desmonte de aproximadamente una hectárea de vegetación nativa. Esta actividad, realizada sin los permisos correspondientes, constituye una violación directa a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y pone en riesgo el equilibrio ecológico de la región.
La relevancia de la Reserva Cuxtal para el estado de Yucatán es crítica. Este espacio no solo funciona como el principal pulmón verde de la ciudad de Mérida, sino que es la zona de mayor importancia para la recarga del acuífero que abastece de agua potable a la capital yucateca. La degradación del suelo y la deforestación en esta área protegida comprometen la calidad y cantidad de los recursos hídricos para miles de ciudadanos.
Durante la jornada, el personal de la Profepa realizó el levantamiento de actas circunstanciadas para documentar las irregularidades encontradas. Estas acciones forman parte de una estrategia nacional de vigilancia permanente en las ANP, las cuales se enfrentan a una presión constante debido al crecimiento urbano acelerado y al interés inmobiliario en la periferia de las grandes ciudades mexicanas.
Se espera que, tras los hallazgos en la “Hacienda Ana Victoria” y otros puntos de la reserva, se inicien los procedimientos administrativos sancionadores y se presenten las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra el medio ambiente. El operativo subraya el compromiso de las autoridades por mantener el estado de derecho y proteger el patrimonio natural del estado ante la ocupación clandestina.