MÉRIDA, YUCATÁN.- En una acción coordinada para frenar el deterioro ambiental en el sureste mexicano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezó operativos de vigilancia en el Área Natural Protegida (ANP) Reserva Cuxtal, ubicada en el municipio de Mérida. La intervención se realizó ante las crecientes denuncias de ocupación irregular, cambio de uso de suelo no autorizado y el aprovechamiento ilícito de recursos forestales en la zona.
Para el cumplimiento de estas diligencias, se establecieron dos equipos de trabajo especializados. Cada grupo contó con la participación de inspectores de la Profepa, así como efectivos de la Guardia Nacional (GN) y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Yucatán, quienes brindaron acompañamiento para garantizar el orden y la seguridad durante las inspecciones en este pulmón vital para la capital yucateca.
Durante el primer operativo, ejecutado en un predio identificado como 'Hacienda Ana Victoria', los inspectores federales detectaron el desmonte de aproximadamente una hectárea de vegetación. Esta actividad, realizada sin las autorizaciones pertinentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), constituye una violación directa a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y pone en riesgo el equilibrio ecológico de la reserva.
La importancia de la Reserva Cuxtal radica en que es la principal zona de recarga del acuífero que abastece de agua potable a la ciudad de Mérida, además de albergar una amplia biodiversidad de flora y fauna endémica. En los últimos años, la presión por la expansión urbana y proyectos inmobiliarios en Yucatán ha incrementado el riesgo de invasiones y cambios de uso de suelo en áreas restringidas, lo que ha obligado a las autoridades a intensificar la vigilancia de manera interinstitucional.
Tras el hallazgo del desmonte y la identificación de la ocupación irregular, la Profepa procedió con el levantamiento de las actas administrativas correspondientes para deslindar responsabilidades. Las autoridades recalcaron que estas acciones de inspección continuarán de manera permanente en toda la región peninsular, con el objetivo de prevenir que actividades humanas fuera del marco legal comprometan la integridad de las zonas protegidas del país. Se espera que en los próximos días se determine la situación jurídica de los responsables y las posibles sanciones económicas o medidas de restauración obligatorias para el ecosistema afectado.