En los ultimos tres años se han contabilizado nueve asesinatos de funcionarias públicas en el estado de Oaxaca, una cifra que representa una escalada técnica en la letalidad contra mujeres que ejercen cargos de toma de decisión. Este fenómeno de violencia política se ha intensificado recientemente tras el reporte del ataque armado contra Nazaret Cortés, evento que ha funcionado como catalizador para que diversas organizaciones civiles exijan la implementación de protocolos de protección urgente. La frecuencia de estos incidentes sugiere una vulnerabilidad estructural en los mecanismos de seguridad destinados a las servidoras públicas en la región sur del país.

El análisis de los datos disponibles indica que el ejercicio del poder público por parte de mujeres en municipios oaxaqueños se ha convertido en un factor de riesgo estadístico. Según los reportes de colectivos de derechos humanos, la cifra de nueve víctimas mortales en el periodo reciente no incluye las amenazas y agresiones no letales que permanecen bajo una cifra negra de criminalidad. Esta situación se agrava por la falta de sentencias en los expedientes abiertos, lo que proyecta un escenario de impunidad que debilita el estado de derecho y desincentiva la participación democrática femenina. (Lee también: Así es como el nuevo informe que Sheinbaum pide afecta el caso Ayotzinapa.)

Para el lector en México, este incremento en la violencia política de género en Oaxaca es un síntoma de una problemática nacional que afecta la estabilidad de los gobiernos locales. De igual manera, este patrón guarda similitudes con crisis reportadas en otras regiones de Latinoamérica, como Colombia y Brasil, donde la protección de mujeres en la política se ha vuelto un eje central de las agendas de seguridad internacional. La relevancia para España y el resto de la región radica en el monitoreo de los estándares de paridad y seguridad que los organismos multilaterales exigen a las democracias emergentes. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre cómo la SSC investiga abuso en Coyoacán hoy.)

Lo que sigue ahora es una serie de movilizaciones programadas por organizaciones civiles para presionar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la resolución del caso de Nazaret Cortés. Se espera que en los próximos días las autoridades estatales presenten un avance en las investigaciones o un nuevo esquema de protección para funcionarias en zonas de alto conflicto. El seguimiento de estos expedientes será crucial para determinar si las instituciones mexicanas tienen la capacidad técnica de frenar esta tendencia al alza antes del próximo ciclo electoral. (Lee también: Así es como arde predio en Linares y pone en jaque a las autoridades.)

La información sobre los autores materiales de los ataques más recientes permanece bajo reserva y, según reportes, varios casos están pendientes de confirmar líneas de investigación relacionadas con el crimen organizado. La atención nacional se mantiene sobre Oaxaca, un estado donde la transición hacia la paridad de género en el poder público enfrenta una resistencia violenta que los datos de los ultimos tres años han dejado plenamente documentada.