sheinbaum envia: La presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda que busca transformar radicalmente el acceso inmobiliario en el país al transitar del concepto de vivienda digna al de vivienda adecuada. Este proyecto, que ya se encuentra en el Poder Legislativo para su análisis, pretende otorgar facultades extraordinarias a las instituciones públicas para intervenir directamente en la construcción, rehabilitación y arrendamiento de inmuebles con el fin de abatir el rezago histórico que afecta a millones de familias mexicanas. La propuesta se fundamenta en la necesidad de armonizar la legislación secundaria con los artículos 4 y 123 de la Constitución Política, estableciendo un marco donde el Estado retoma un papel activo en la oferta habitacional.
El documento remitido por el Ejecutivo federal establece que la política habitacional debe priorizar elementos como la asequibilidad, la ubicación estratégica y la seguridad jurídica en la tenencia, alejándose de los modelos de expansión urbana desordenada que predominaron en décadas pasadas. Según analistas del sector, esta maniobra responde a datos alarmantes del Inegi que revelan que más de 8.8 millones de hogares en México enfrentan un déficit habitacional crítico, donde el uso de pisos de tierra y materiales de baja calidad sigue siendo una realidad dolorosa para casi el 23 por ciento de la población nacional. La iniciativa contempla que las instituciones de seguridad social puedan adquirir terrenos, urbanizarlos y financiar la autoproducción para garantizar condiciones de crédito barato y suficiente. (Lee también: Alejandra Cullen y el dato que sentencia la Reforma Electoral en México.)
La relevancia de este movimiento trasciende las fronteras mexicanas, pues se alinea con las tendencias de justicia social observadas en España y diversas naciones de América Latina donde el acceso a un techo se ha convertido en el principal foco de la agenda progresista ante la gentrificación y el alza desmedida de costos. Para el ciudadano promedio en México, esta reforma podría facilitar la obtención de créditos más económicos y directos, permitiendo que organismos estatales no solo financien, sino que también actúen como constructores y arrendadores, un modelo que busca estabilizar el mercado inmobiliario regional frente a la creciente demanda de los sectores más vulnerables. (Lee también: 3 claves de la entrevista donde Alessandra Rojo responde a Arturo Ávila.) (Lee también: Por qué la Reforma Electoral rechazada, ahora el Plan B: Carlos Elizondo #Colaboración.)
El proceso legislativo que comienza ahora en San Lázaro definirá los mecanismos operativos mediante los cuales las instituciones podrán adquirir inmuebles existentes para su rehabilitación o ejecutar proyectos de demolición y reconstrucción. De acuerdo con fuentes legislativas, se espera que el debate se centre en la concurrencia de los sectores público y privado para asegurar que la vivienda adecuada sea un derecho exigible y no solo una aspiración constitucional, marcando un cambio de paradigma en la administración de los recursos del Infonavit y otros fondos de financiamiento obrero que históricamente han operado bajo lógicas comerciales.
