La asociacion movilidad, en conjunto con diputados del partido Movimiento Ciudadano, alista una propuesta legislativa para implementar subsidios federales al transporte público concesionado en México. La intención primordial es modificar el modelo operativo actual para que el costo del pasaje no recaiga exclusivamente en el usuario, permitiendo que el Gobierno Federal aporte recursos de manera similar a como ocurre actualmente en sistemas consolidados como el Metro o el Metrobús de la capital. Esta iniciativa surge como una respuesta urgente ante las presiones inflacionarias que han forzado a transportistas en diversos estados a exigir aumentos tarifarios que afectan directamente la economía de las familias.
El planteamiento técnico, liderado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), busca profesionalizar el sector y transitar del esquema tradicional de hombre-camión hacia empresas de transporte formalmente constituidas. Mientras los transportistas aseguran que los costos operativos son insostenibles, la asociacion movilidad sostiene que la única vía para mejorar la calidad del servicio sin asfixiar al ciudadano es la inyección de capital público etiquetado. Hasta el momento, el proyecto se encuentra en fase de redacción final y se espera que sea presentado formalmente ante el pleno de la Cámara de Diputados en las próximas semanas para buscar su integración en el próximo ciclo presupuestal. (Lee también: Por qué la industria minera pide seguridad para garantizar inversión en México ya.)
Para el lector en México, esta noticia representa la posibilidad real de frenar los tarifazos en ciudades con alta densidad poblacional como Guadalajara, Monterrey y Puebla, donde el transporte es una de las mayores fugas de ingreso mensual. Esta tendencia hacia la subvención del transporte no es ajena a la región de Latinoamérica y España, donde ciudades como Madrid o Santiago de Chile ya operan con esquemas de financiamiento mixto que garantizan la movilidad como un derecho social. En el contexto nacional, el éxito de la propuesta dependerá de la negociación política para obtener una partida presupuestal específica que hoy está pendiente de confirmar por parte de la Secretaría de Hacienda. (Lee también: Por qué el AIFA opera con 13 millones de pasajeros menos de lo prometido.) (Lee también: Así es como inicia ronda comercial con EU y afecta a las empresas.)
Lo que sigue ahora es el cabildeo legislativo para determinar el origen de los fondos y las reglas de operación que los estados deberán cumplir para acceder a estos beneficios. Fuentes cercanas a la comisión de movilidad indican que se buscará vincular los subsidios a metas de descarbonización y renovación de unidades para garantizar que el dinero público se traduzca en camiones más seguros y eficientes. Aunque no hay una fecha exacta para el inicio de la implementación, el debate marcará la agenda de infraestructura y servicios públicos durante el cierre de este periodo ordinario de sesiones.
