Estados Unidos mantiene lista de vigilancia especial para México debido a los altos niveles de piratería y la preocupante falta de operativos efectivos contra la falsificación en territorio nacional. El informe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) confirma que el país no ha logrado mitigar la venta de productos ilegales en mercados físicos clave de la Ciudad de México y Jalisco. Según el reporte publicado hoy, Washington acusa una falta de voluntad para desmantelar redes de distribución que operan a la vista de todos, a pesar de que los puntos de acopio y venta están perfectamente identificados por las autoridades locales y federales.
La situación es crítica porque el reporte estadounidense no solo señala la existencia del comercio ilegal, sino que subraya la ineficacia de las instituciones mexicanas para procesar penalmente a los responsables del robo de propiedad intelectual. Mientras el gobierno mexicano sostiene que se realizan inspecciones de rutina, los datos de Washington indican que las redadas han disminuido drásticamente o carecen de seguimiento judicial, lo que permite que los infractores vuelvan a operar casi de inmediato. Esta falta de sanciones ejemplares mantiene a México bajo la lupa internacional, afectando la confianza de sectores estratégicos como el farmacéutico, el tecnológico y el de la moda.
Para el lector mexicano, esta noticia significa que el mercado local seguirá inundado de productos que pueden representar riesgos severos para la salud, como medicamentos o electrónicos falsos, además de una competencia desleal que asfixia a los comercios formalmente establecidos. En el contexto de Latinoamérica y España, México se mantiene como uno de los principales focos de preocupación regional, compartiendo espacio en la lista con naciones que presentan fallas estructurales graves en su sistema legal. Este panorama complica la posición de México frente a sus socios del T-MEC, quienes exigen un entorno más seguro y transparente para la innovación y la inversión extranjera.
Lo que sigue ahora es una serie de consultas bilaterales donde México deberá presentar pruebas de nuevos operativos coordinados entre la Fiscalía General de la República y las aduanas para evitar posibles sanciones comerciales futuras. Queda pendiente de confirmar si el gobierno federal endurecerá las penas o si se limitará a realizar acciones cosméticas ante la presión de los industriales estadounidenses en el corto plazo. Por ahora, el sector empresarial espera una respuesta oficial de la Secretaría de Economía que aclare cómo se planea limpiar las zonas de distribución señaladas en el reporte para salir finalmente de este vergonzoso listado internacional.
