El gobierno de Estados Unidos impone fianza de 15 mil dólares como requisito para obtener la visa de turista en casos específicos de riesgo migratorio. Esta medida busca cubrir los gastos operativos de expulsión que ascienden a 18 mil dólares en promedio por individuo según datos del Departamento de Estado. La restricción aplica inicialmente a ciudadanos de 12 países seleccionados por sus altas tasas de permanencia irregular en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado implementó este programa piloto para asegurar que los visitantes extranjeros regresen a sus naciones de origen antes de que venzan sus permisos de estancia. Los recursos económicos se depositan en una cuenta gestionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mejor conocido como ICE. Si el viajero cumple con los términos de su ingreso y abandona el país en la fecha establecida el monto de la garantía le será devuelto de forma íntegra. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre la advertencia de Silvio Rodríguez a Trump.)

Para el caso de México las autoridades consulares confirmaron que el país no se encuentra dentro de la lista inicial de naciones sujetas a este pago preventivo. Sin embargo el endurecimiento de la política migratoria en la Unión Americana genera incertidumbre entre los miles de viajeros mexicanos que cruzan la frontera diariamente por motivos recreativos. El flujo comercial y turístico entre ambos socios se mantiene bajo observación ante posibles ajustes futuros en los protocolos de seguridad fronteriza. (Lee también: Por qué la presidenta invita al rey Felipe VI y cómo esto cambia todo.)

La medida impacta directamente en la percepción migratoria de Latinoamérica donde varias naciones enfrentan crisis que podrían derivar en su inclusión en fases posteriores del proyecto. En España la noticia se analiza con detenimiento debido a la estrecha relación de viaje que mantiene con Estados Unidos bajo el programa de exención de visa. Cualquier cambio estructural en los requisitos de admisión estadounidense suele marcar la pauta para políticas similares en otras regiones del hemisferio occidental. (Lee también: El dato que nadie te dijo sobre las emotivas imagenes de Venezuela campeón.)

Actualmente el Departamento de Estado monitorea los resultados de esta fase experimental para decidir la permanencia o expansión del cobro de fianzas a otros mercados. Los reportes indican que la administración busca mitigar el déficit presupuestario causado por los procesos judiciales y logísticos de las repatriaciones forzosas. La continuidad de esta exigencia financiera dependerá exclusivamente de la reducción verificable en las tasas de sobrestadía de los países participantes en el programa piloto.