El CJNG reina en el corredor de Santa Teresa Llano Grande, Chiapas, donde impone cuotas de hasta 20 mil pesos para permitir el tránsito de mercancías hacia Guatemala. Desde el año 2020, la organización criminal opera a través de su filial, el Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), controlando un tramo estratégico de 5.5 kilómetros que conecta ambos países. Esta hegemonía se ha consolidado en la frontera sur, donde el grupo delictivo gestiona el flujo de miles de vehículos que cruzan diariamente por puntos clandestinos ante la mirada de las autoridades locales.
La disputa criminal por este territorio ha escalado ante el debilitamiento de otras organizaciones en la zona, según reportes de seguridad consultados. Por esta franja circulan diariamente entre mil y mil 500 vehículos, incluyendo tráileres cargados con café, ganado, ropa de paca y motocicletas nuevas. Mientras las autoridades afirman mantener la vigilancia, fuentes cercanas a los comerciantes indican que el cobro por camión de mercancía pesada alcanza cifras exorbitantes. Las cuotas menores para abarrotes oscilan entre 50 y 500 pesos, pero el control es total sobre cualquier producto que intente pasar la línea fronteriza. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre las 3 mil camaras vigilarán la terminal.)
Esta situación impacta directamente a México al encarecer los productos básicos y fomentar el tráfico ilegal de migrantes y armas en una de las zonas más vulnerables del país. La crisis en Chiapas resuena en toda Latinoamérica, pues este corredor es un punto neurálgico para las rutas comerciales que conectan a Sudamérica con el mercado norteamericano. En España, el seguimiento de la expansión de este grupo es clave debido a las conexiones transatlánticas que las organizaciones criminales mexicanas mantienen para la distribución de sustancias ilícitas en el continente europeo. (Lee también: Así es como resguardarán AICM para evitar ataques y caos aéreo.) (Lee también: Las 5 claves tras la detención de la pareja ligada a Sinaloa y FARC.)
Por ahora, el control territorial parece consolidado bajo el mando del grupo jalisciense, afectando a cientos de comunidades desde la sierra chiapaneca hasta los límites con Oaxaca. El flujo constante de mercancía ilegal y legal bajo supervisión criminal plantea un reto de seguridad nacional para el gobierno federal mexicano. Se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevos despliegues de la Guardia Nacional en los cruces de Santa Teresa Llano Grande y Guailá, aunque la eficacia de estas medidas sigue pendiente de confirmarse mediante resultados tangibles en la reducción de las extorsiones.
