El alcalde miguel hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó formalmente este lunes al Gobierno de la Ciudad de México la cancelación inmediata del Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción. Tabe denunció que este esquema, actualizado recientemente para el ejercicio 2025, se ha transformado en un sistema de privilegios que permite a los desarrolladores inmobiliarios iniciar obras sin contar con las licencias o permisos legales correspondientes.

Durante su conferencia de prensa semanal en la demarcación, el funcionario calificó el instrumento legal como una puerta abierta a la corrupción y al desorden urbano. Según el reporte, el acuerdo permite cambios de uso de suelo y la construcción de niveles adicionales de forma opaca, ignorando los planes de desarrollo territorial y dejando en indefensión a las autoridades locales y a los propios residentes de las colonias afectadas. (Lee también: Por qué Movimiento Ciudadano cambia todo al rechazar la alianza con el PRI.)

La controversia radica en que este mecanismo fue diseñado originalmente para agilizar la atención a damnificados por los sismos de 2017, pero su extensión hasta 2025 carece de justificación clara según la autoridad local. Para el alcalde miguel hidalgo, es inexplicable que se mantenga una medida que otorga inmunidad a las constructoras para realizar demoliciones o excavaciones sin cumplir con la normativa vigente, lo que genera una profunda incertidumbre jurídica en toda la capital del país. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre las diferencias del Plan B de Sheinbaum.)

Este conflicto por la gestión del suelo no es exclusivo de la Ciudad de México, ya que refleja una problemática creciente en metrópolis de Latinoamérica y España, donde la presión inmobiliaria choca con la planeación urbana sostenible. En México, la resolución de este caso marcará un precedente sobre si las alcaldías recuperan su capacidad de supervisión real o si el gobierno central mantendrá el control excepcional sobre los permisos de gran escala que impactan los servicios públicos. (Lee también: Por qué Sheinbaum exhibe a diputado del PRI y qué hay detrás de su voto.)

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha fijado una postura oficial sobre la solicitud de derogación ni ha aclarado si habrá modificaciones al acuerdo para evitar los abusos denunciados por la alcaldía. La administración de Miguel Hidalgo advirtió que seguirá documentando casos donde las desarrolladoras dan la espalda al cumplimiento de las normas, mientras se mantiene a la espera de una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Urbano para frenar lo que califican como transas inmobiliarias.