La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados emitió un ultimátum este lunes. Los legisladores confirmaron el registro de 92 aspirantes para el periodo 2026-2034, pero detectaron anomalías documentales en una cuarta parte del grupo. El reporte oficial indica que solo 71 inscritos cumplieron cabalmente con los requisitos técnicos de la convocatoria inicial en San Lázaro.
El plazo fatal de diputados horas vence este miércoles 5 de marzo en la Ciudad de México para que 21 perfiles subsanen carencias críticas como copias certificadas de títulos profesionales o cartas de no antecedentes penales federales. Entre los señalados figuran nombres como Muna Dora Buchahin, Roberto Mazón y Jorge Galván, quienes deben presentar los formatos exactos exigidos por la ley para no quedar fuera de la contienda. El proceso se lleva a cabo bajo una estricta vigilancia de los grupos parlamentarios para garantizar la legalidad del relevo.
La importancia de este proceso para el ciudadano mexicano radica en que la ASF es el brazo técnico encargado de detectar desvíos de recursos y actos de corrupción en el gobierno federal. Una falla en la selección del titular compromete la fiscalización de los impuestos durante los próximos ocho años. En un contexto latinoamericano y para observadores en España, este relevo institucional es clave para medir la solidez de los contrapesos democráticos frente al Poder Ejecutivo en la región.
El calendario legislativo no se detiene y las entrevistas presenciales están programadas para iniciar el 6 de marzo, concluyendo el día 10 del mismo mes. El diputado Javier Herrera, presidente de la comisión, confirmó que el 11 de marzo se sesionará para definir la terna de finalistas. Esta lista pasará de inmediato al pleno de la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría calificada para oficializar al nuevo responsable de la fiscalización nacional.
Hasta el momento, el ambiente en San Lázaro es de hermetismo técnico, centrando la atención en que la falta de documentos no sea una estrategia de dilación política. La lista total de aspirantes incluye a 74 hombres y 18 mujeres, reflejando una brecha de género que aún persiste en las altas esferas de la administración pública. El desenlace de estas 48 horas determinará si el proceso mantiene su legitimidad técnica o se ve empañado por descalificaciones administrativas prematuras.
