La industria aeroespacial estadounidense se encuentra en un estado de alerta tras el reciente incidente técnico sufrido por el cohete Vulcan Centaur, desarrollado por la empresa United Launch Alliance (ULA). Lo que debía ser una transición fluida hacia una nueva era de soberanía espacial para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se ha convertido en un rompecabezas logístico que amenaza con descarrilar el calendario de lanzamientos del Pentágono para los próximos dos años.
Para poner en contexto a los lectores, ULA es una de las empresas de tecnología aeroespacial más importantes del mundo, operando como una alianza estratégica entre los gigantes Boeing y Lockheed Martin. Su nuevo cohete, el Vulcan Centaur, fue diseñado específicamente para sustituir a los motores de fabricación rusa y competir en el mercado de lanzamientos pesados, siendo el principal pilar para las misiones de seguridad nacional de la Unión Americana.
El problema surgió durante su segundo vuelo de prueba, donde se detectó una anomalía en uno de los propulsores de combustible sólido. Si bien el cohete logró completar su trayectoria, la irregularidad técnica ha obligado a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos a pausar el proceso de certificación necesario para transportar cargas útiles militares sensibles. Originalmente, se esperaba que el Vulcan realizara más de una docena de misiones este año, pero expertos del sector ahora anticipan retrasos que podrían extenderse por varios meses.
Este contratiempo no solo afecta la reputación de ULA frente a competidores como SpaceX, sino que genera un efecto dominó en la seguridad regional. El retraso en la puesta en órbita de satélites de comunicaciones y vigilancia afecta indirectamente la infraestructura de datos y geolocalización que se utiliza en toda América del Norte, incluyendo México, para tareas de protección civil, monitoreo climático y seguridad fronteriza.
Por ahora, los ingenieros de la compañía trabajan a marchas forzadas para identificar la causa raíz de la falla. Sin embargo, los estrictos protocolos de seguridad del Pentágono dictan que ninguna misión clasificada podrá despegar hasta que el vehículo demuestre una fiabilidad absoluta, lo que deja en el aire el destino de los lanzamientos programados para 2025 y 2026.


