El equipo legal que representa a Nicolás Maduro ha solicitado formalmente la desestimación de los cargos y del proceso judicial en su contra en los Estados Unidos. Esta petición surge como respuesta directa a una reciente medida del Departamento del Tesoro estadounidense, la cual ha bloqueado la capacidad del Estado venezolano para remunerar a sus representantes legales, lo que la defensa califica como un obstáculo insalvable para el ejercicio de sus funciones.
La controversia escaló luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocara una autorización especial que permitía, de manera excepcional, el flujo de fondos destinados exclusivamente al pago de honorarios de los abogados en suelo norteamericano. Según los documentos presentados por la defensa, esta acción gubernamental impide que los litigantes reciban su pago, lo que vulnera el derecho fundamental a una defensa técnica y, por extensión, las garantías mínimas de un juicio justo bajo los estándares internacionales.
En la moción de desestimación, los abogados argumentan que el retiro de esta licencia financiera coloca al procesado en un estado de indefensión. Sostienen que no es posible continuar con un procedimiento judicial de tal magnitud si el Estado que promueve la acusación, simultáneamente, asfixia económicamente la capacidad del acusado para sostener su representación legal ante los tribunales.
Para México, este desarrollo informativo resulta de particular relevancia dada la postura histórica de la diplomacia mexicana respecto a la crisis venezolana. El gobierno de México ha abogado reiteradamente por soluciones negociadas y por el respeto estricto al debido proceso en foros internacionales. Este nuevo episodio en la confrontación jurídica entre Washington y Caracas añade una capa de complejidad a las relaciones hemisféricas, subrayando cómo las sanciones económicas pueden interferir directamente en los procedimientos de los sistemas de justicia locales.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la solicitud de desestimación. No obstante, especialistas en derecho internacional sugieren que este movimiento podría sentar un precedente importante sobre el alcance de las sanciones del Tesoro cuando estas colisionan con derechos procesales constitucionales. El caso permanece en un limbo operativo mientras el juez de la causa evalúa si la falta de pago, provocada por el propio Ejecutivo estadounidense, constituye un motivo suficiente para anular el proceso.
