NUEVA YORK.- El panorama legal para el mandatario venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos ha dado un giro drástico. Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, solicitó formalmente a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York la cancelación del proceso penal en contra de su cliente. El litigante argumenta la existencia de violaciones “irreparables” al derecho de defensa, advirtiendo que, de no suspenderse el caso, solicitará autorización para abandonar la representación legal de manera inmediata.
La moción, presentada este jueves 26 de febrero, pone el dedo en la llaga sobre un conflicto financiero derivado de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según Pollack, el gobierno estadounidense está obstaculizando deliberadamente el acceso a los fondos necesarios para costear los honorarios de la defensa, lo que constituye una transgresión directa a las enmiendas constitucionales que garantizan el debido proceso y el derecho fundamental de contar con un abogado para enfrentar cargos criminales.
El núcleo del reclamo radica en la negativa sistemática del Departamento del Tesoro para otorgar licencias que permitan a Maduro movilizar recursos económicos. El litigante detalló que se han solicitado permisos para utilizar fondos públicos de Venezuela —una obligación del Estado bajo su propia legislación para cubrir la defensa de sus funcionarios— o, en su defecto, para que un tercero actúe como patrocinador. Sin embargo, ninguna de estas peticiones ha recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades norteamericanas.
Para el equipo legal, esta asfixia financiera no es un detalle administrativo menor, sino un impedimento táctico que ya está afectando la capacidad de investigar hechos clave para el caso. Pollack advirtió a la Corte que cualquier sentencia futura bajo estas condiciones sería “constitucionalmente sospechosa”, pues se estaría juzgando a un individuo al que se le privó de una defensa adecuada mediante mecanismos de presión económica.
El escrito de la defensa fue respaldado por un documento de Henry Rodríguez, integrante de la oficina del Fiscal General de Venezuela. En dicho texto, se certifica que, de acuerdo con las leyes venezolanas, el Estado tiene el deber de sufragar los costos de representación legal de sus representantes en el extranjero.
Este caso es seguido con especial atención en México, dada la compleja relación diplomática y comercial que el país mantiene con ambas naciones. La resolución de este conflicto legal no solo definirá el futuro de Maduro frente a la justicia estadounidense, sino que también sentará un precedente sobre el alcance de las sanciones financieras internacionales frente a los derechos constitucionales fundamentales en tribunales extranjeros.
