A casi una década de la firma de los históricos acuerdos de paz en Colombia, la sombra de la violencia regresa con fuerza al país sudamericano. Reportes recientes del diario WSJ World destacan que milicias fuertemente armadas y financiadas por el negocio de la cocaína han intensificado sus ataques contra la población civil, evidenciando una preocupante parálisis por parte del Estado colombiano en las zonas rurales.

La situación actual es un reflejo directo del vacío de poder dejado tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Aquel pacto, que en su momento fue celebrado por la comunidad internacional como el fin de más de medio siglo de conflicto armado, prometía que el Estado ocuparía las zonas liberadas por la guerrilla. Sin embargo, ocho años después, la realidad es distinta: la falta de una presencia institucional sólida y de seguridad pública ha permitido que nuevas organizaciones criminales y disidencias tomen el control de las rutas de narcotráfico y los laboratorios de procesamiento de droga.

Para el lector mexicano, este fenómeno resulta sumamente familiar y relevante. Al igual que ha ocurrido en diversas regiones de México, cuando una estructura criminal dominante se fragmenta o desaparece sin que el gobierno garantice seguridad y servicios básicos, surgen grupos más violentos que se disputan el territorio. En Colombia, estas milicias no solo se dedican al tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales, sino que han diversificado sus actividades mediante la extorsión, el secuestro y el control social forzado, dejando a las comunidades vulnerables en medio del fuego cruzado.

Expertos en seguridad señalan que la inacción estatal durante los últimos dos gobiernos ha sido el principal catalizador de esta crisis. A pesar de los esfuerzos por implementar programas de sustitución de cultivos, los grupos armados han encontrado en la exportación récord de cocaína una fuente inagotable de recursos para modernizar su arsenal y reclutar nuevos combatientes. El aumento sistemático en los ataques contra líderes sociales y civiles subraya el fracaso en la implementación integral de los acuerdos de paz.

Finalmente, la falta de una estrategia de seguridad territorial efectiva ha permitido que estos grupos operen con relativa impunidad en departamentos históricamente conflictivos como el Cauca o el Catatumbo. Mientras el actual gobierno colombiano intenta avanzar en su política de "Paz Total", la realidad en el terreno sugiere que el poder de fuego derivado del narcotráfico sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar la estabilidad definitiva en la nación andina.