Con el objetivo de posicionar a Nuevo León como un referente en innovación tecnológica y protección industrial, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó formalmente una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo del Estado. La propuesta busca establecer un marco legal que incentive a las empresas locales a registrar sus activos de propiedad intelectual, tales como patentes y marcas, mediante esquemas de apoyos directos y beneficios fiscales.
La iniciativa legislativa propone la creación de un capítulo específico dentro de la normativa vigente para que el Estado pueda destinar fondos, otorgar exenciones fiscales e implementar incentivos económicos a aquellas unidades productivas que apuesten por el desarrollo y la comercialización de invenciones estratégicas. Según el legislador, este movimiento es fundamental para robustecer la economía local y garantizar que el valor agregado generado en la entidad permanezca en beneficio de sus habitantes.
Durante la exposición de motivos, Elizondo señaló que la falta de una cultura de registro ha limitado el crecimiento de compañías con décadas de trayectoria en la región. El diputado contrastó la situación actual con el dinamismo de mercados asiáticos: “Hoy tenemos empresas en China que, en solo 10 o 15 años, han alcanzado un valor de mercado superior al de empresas que tienen un siglo operando en Nuevo León. Esto se debe a que han apostado decididamente por la innovación, el registro de patentes y la optimización constante de sus procesos”, puntualizó el representante morenista.
El proyecto de reforma contempla que los beneficios económicos derivados de estas subvenciones permitan a las empresas financiar departamentos de investigación y desarrollo. De esta manera, se busca que ingenieros, investigadores y desarrolladores locales cuenten con el respaldo financiero necesario para potenciar sus creaciones sin depender exclusivamente de capitales o reacciones de los mercados internacionales. El diputado subrayó que, al fortalecer este rubro, se detona automáticamente una demanda de empleos con mayor grado de especialización y, por ende, con remuneraciones más competitivas para los profesionales de la entidad.
Finalmente, la propuesta destaca que estos incentivos no solo estarán dirigidos a los grandes consorcios, sino que pretenden permear en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Al democratizar el acceso a la protección de la propiedad industrial, se espera fomentar una competencia más leal y dinámica entre los diversos sectores productivos del estado, asegurando que el talento regiomontano tenga las herramientas jurídicas y económicas para blindar su ingenio frente a la competencia global.
