Con el objetivo de transformar la estructura productiva del estado y fomentar una cultura de innovación tecnológica, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el Estado. La propuesta busca establecer un marco legal que incentive el registro de la propiedad industrial y la protección de activos intelectuales generados en territorio neolonés.
La iniciativa plantea la creación de un capítulo específico dentro de la legislación actual para que el Gobierno del Estado pueda destinar fondos, esquemas de exenciones fiscales y diversos apoyos a las compañías que obtengan registros de patentes estratégicas. De acuerdo con el legislador, estos mecanismos de fomento no solo protegerán la creatividad local, sino que fortalecerán la economía estatal frente a los retos de la globalización.
Durante la exposición de motivos, Elizondo hizo una comparación con el mercado asiático para ilustrar la urgencia de esta medida. Señaló que existen empresas en China que, en apenas 15 años de existencia, han logrado superar en valor de mercado a compañías con más de un siglo de tradición en Nuevo León. Este fenómeno se atribuye directamente a su apuesta por la innovación constante y el registro sistemático de patentes, permitiéndoles mejorar sus procesos y dominar nichos especializados.
El legislador subrayó que, aunque en la entidad ya existen empresas que invierten en desarrollo, es necesario que este esfuerzo se formalice ante las autoridades de propiedad industrial. Al existir subvenciones e incentivos gubernamentales, las organizaciones podrán contar con financiamiento directo para retener y apoyar a investigadores, ingenieros y desarrolladores. El fin último es evitar que la industria local se limite a reaccionar ante los movimientos de los mercados internacionales, convirtiéndose en cambio en un motor de propuestas originales.
Finalmente, la reforma también pone el foco en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Se espera que, con estos incentivos, se diversifique la cultura del registro de marcas y procesos, lo que derivaría en una competencia más justa y, sobre todo, en la creación de puestos de trabajo que requieran mayor especialización y ofrezcan remuneraciones más competitivas para los profesionales de la entidad.
