En lo que se ha descrito como una cifra sin precedentes para el sistema de movilidad británico, las autoridades locales del Reino Unido han reportado ingresos extraordinarios provenientes de sanciones viales. Según datos recientes analizados por el diario Daily Mail, tan solo las diez calles con mayor número de infracciones en el país generaron una recaudación de 42,194,821 de libras esterlinas durante el año fiscal 2024/25.

Este monto equivale a poco más de mil millones de pesos mexicanos, una cifra que ha encendido el debate público sobre la naturaleza de estas sanciones. Las multas, conocidas en el sistema británico como Penalty Charge Notices (PCN), son boletas de infracción emitidas por los ayuntamientos o consejos municipales. En México, este sistema es comparable a las fotomultas o las infracciones de tránsito aplicadas en las grandes urbes como la Ciudad de México o Guadalajara, donde la vigilancia automatizada juega un papel fundamental en la regulación del flujo vehicular.

El desglose de la información revela que estas diez vialidades críticas se han convertido en verdaderas trampas para los conductores. La mayoría de las infracciones corresponden a faltas relacionadas con el estacionamiento en zonas prohibidas, la invasión de carriles exclusivos para el transporte público y el desacato a señales de tránsito captadas por cámaras de seguridad de alta tecnología. La eficiencia de estos sistemas de vigilancia ha permitido que los ingresos se disparen de manera exponencial en apenas un periodo de doce meses.

Para el lector mexicano, es importante entender que en el Reino Unido los 'councils' (consejos o ayuntamientos) tienen una autonomía considerable para gestionar el tráfico en sus jurisdicciones. A diferencia de muchos municipios en México donde la recaudación suele ser limitada por falta de infraestructura o personal, las ciudades británicas cuentan con una red de vigilancia digital que permite procesar miles de boletas de infracción de manera diaria y automática.

Diversas asociaciones de conductores en Inglaterra han manifestado su descontento ante estas cifras, argumentando que el sistema ha pasado de ser una herramienta de seguridad vial a un mecanismo puramente recaudatorio. Se cuestiona si la señalización en estas diez calles es lo suficientemente clara o si las restricciones están diseñadas para forzar el error de los automovilistas, maximizando así los ingresos públicos.

El reporte destaca que, a pesar de las quejas ciudadanas, la eficiencia en el cobro de estas multas ha permitido a los gobiernos locales financiar diversos proyectos públicos, aunque la presión económica sobre los dueños de vehículos continúa en aumento en un contexto de alta inflación global. El caso británico sirve como un espejo de las tensiones globales entre la administración urbana y el costo de vida para los ciudadanos.