El gobierno de Javier Milei ha logrado consolidar otra legislativa victoria este viernes en el Congreso. Tras un intenso debate que se extendió por casi siete horas, el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley la reforma penal juvenil, una de las promesas centrales de la coalición La Libertad Avanza. Con esta decisión, el país sudamericano reduce formalmente la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años para delitos considerados de alto impacto.
La nueva normativa permite que los adolescentes de entre 14 y 16 años sean procesados y juzgados bajo el código penal cuando se vean involucrados en crímenes graves como homicidio doloso, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo cometido con armas de fuego. La votación en la cámara alta reflejó la fragmentación política del país, pero terminó con un saldo favorable para el Ejecutivo: 44 votos a favor, 27 en contra y una sola abstención.
El contexto de esta reforma responde a una creciente preocupación social por la violencia juvenil en los centros urbanos de Argentina. Los defensores del proyecto sostienen que el sistema anterior fomentaba la impunidad en bandas delictivas que reclutaban a menores para realizar tareas de sicariato o robos violentos. Sin embargo, la oposición y diversos organismos de derechos humanos han criticado la medida, argumentando que el Estado debería enfocarse en la prevención y la educación en lugar de aumentar el punitivismo contra los menores.
Para el lector en México, este cambio normativo resulta relevante dado el debate regional sobre la seguridad. Mientras que en territorio mexicano la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece los 12 años como el límite mínimo de responsabilidad (aunque con un sistema garantista y especializado), Argentina ha optado por un endurecimiento que busca resultados inmediatos en la percepción de seguridad ciudadana.
Tras esta victoria en el Senado, el siguiente paso para el gobierno de Milei será la reglamentación de la ley para su entrada en vigor. No obstante, se espera que la implementación enfrente desafíos legales ante tribunales internacionales, pues críticos aseguran que la reforma vulnera tratados de protección a la infancia ratificados por el país. Por ahora, la administración libertaria celebra el avance de su agenda de 'mano dura' en el Cono Sur.
