La economía mexicana enfrenta un desafío estructural de magnitudes históricas en su mercado de trabajo. De acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada en la informalidad laboral alcanzó un nivel sin precedentes durante el año 2025, situándose en 32.63 millones de personas. Esta cifra marca un hito en las estadísticas nacionales, subrayando la persistencia de un mercado laboral donde más de la mitad de los trabajadores operan fuera de los marcos legales y de protección social.
El fenómeno de la informalidad en México no es una problemática nueva, pero el volumen alcanzado en este periodo ha encendido las alarmas entre analistas, académicos y sectores productivos. El reporte del INEGI detalla que estos millones de mexicanos desempeñan sus actividades económicas sin acceso a prestaciones básicas garantizadas por la ley, tales como los servicios de salud del IMSS o ISSSTE, el ahorro para el retiro a través de las Afores o el acceso a créditos para la vivienda mediante el Infonavit. Esta condición coloca a una vasta proporción de la fuerza laboral en una posición de vulnerabilidad extrema ante contingencias de salud o accidentes de trabajo.
Desde una perspectiva macroeconómica, el hecho de que 32.63 millones de ciudadanos se encuentren en la informalidad representa un freno significativo para la productividad nacional. Las unidades económicas que operan en este esquema suelen tener menor escala, escaso acceso a financiamiento bancario y una nula adopción tecnológica, lo que limita su capacidad de crecimiento. Asimismo, esta situación impacta directamente en las finanzas públicas, al reducir el potencial de recaudación fiscal necesario para financiar servicios públicos e infraestructura esencial para el país.
Analistas sugieren que la cifra récord de 2025 refleja que, a pesar del crecimiento en ciertos indicadores de empleo, las políticas de formalización no han sido suficientes para integrar a la población que se incorpora anualmente a la vida económica. El sector servicios, el comercio minorista y las actividades agropecuarias continúan siendo los principales nichos donde la informalidad impera como una válvula de escape ante la falta de empleos formales con salarios competitivos.
Ante este panorama, el gobierno federal y la iniciativa privada se enfrentan a la urgente necesidad de rediseñar las estrategias de incentivos para la formalización. El debate sobre la reducción de cargas administrativas para pequeñas empresas y la mejora en la calidad de los servicios de seguridad social se perfila como un tema central en la agenda económica nacional para los próximos meses, con el objetivo de revertir una tendencia que hoy deja a millones de familias mexicanas en la incertidumbre laboral.
