Los diputados priistas exigen seguridad inmediata en la Carretera 57 tras revelar que ocurre un asalto cada 51 minutos. La bancada del PRI presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC intervengan hoy mismo en esta vía que conecta a ocho estados del país y es vital para el comercio nacional.
Esta ruta federal representa la columna vertebral del comercio terrestre en México al atravesar la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. El legislador Gerardo Sánchez confirmó que existen más de 16 mil carpetas de investigación abiertas tan solo en el último año, destacando que entre el 68 y el 80 por ciento de los robos se ejecutan con violencia extrema contra transportistas y particulares. (Lee también: Por qué el resultado del Pelicans - Knicks define el futuro de la Conferencia Este.)
Los tramos identificados como focos rojos de alta peligrosidad comprenden San Luis de la Paz, Tepeji del Río y el trayecto que va de Matehuala hacia Monterrey. Mientras los diputados priistas denuncian pérdidas superiores a los 7 mil millones de pesos para el sector transporte, las autoridades federales mantienen pendiente de confirmar un plan de despliegue adicional para estos puntos críticos que hoy operan bajo asedio del crimen organizado. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre Apple Tap to Pay en México y sus costos.)
La inseguridad en esta vía no solo afecta a México, sino que impacta directamente en las cadenas de suministro de empresas españolas y latinoamericanas que operan en el corredor industrial del Bajío y el Norte. Un bloqueo o el incremento de asaltos en esta arteria encarece drásticamente los costos logísticos para toda la región, debilitando la competitividad de los tratados comerciales y la seguridad de los inversionistas extranjeros que dependen del libre tránsito por territorio mexicano. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el ataque al abogado en Tlaxcala hoy.)
Para la próxima semana, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, llevará esta problemática ante la Junta de Coordinación Política para forzar una respuesta institucional y obligar a una comparecencia de los mandos de seguridad. Por ahora, el sector transportista se mantiene en alerta máxima mientras se espera que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acepte el exhorto para reforzar el patrullaje antes de que termine el presente mes.
