Alito Moreno, presidente nacional del PRI, confirmó que la bancada de 13 senadores de su partido votará en bloque contra el polémico Plan B en materia electoral, denunciando formalmente la existencia de presiones y presuntos sobornos por parte de Morena para quebrar la unidad opositora. El legislador aseguró que las estrategias de persuasión del oficialismo incluyen ofrecimientos de candidaturas, recursos económicos e incluso gubernaturas, tácticas que en el lenguaje legislativo mexicano se conocen como cañonazos, con el fin de asegurar la aprobación de la reforma en la Cámara Alta.

El senador Alejandro Moreno Cárdenas, identificado públicamente como Alito Moreno, enfatizó que la totalidad de sus legisladores asistirá a la sesión plenaria para evitar que ausencias estratégicas faciliten el avance del dictamen impulsado por el Poder Ejecutivo. Esta postura técnica busca blindar la integridad del Instituto Nacional Electoral, argumentando que las modificaciones propuestas carecen de los consensos necesarios y vulneran la autonomía del sistema de votación actual, el cual ha operado con un margen de error mínimo en la última década. (Lee también: Así es como el PAN blindan voto para frenar la reforma de Sheinbaum.)

Para México, esta confrontación política en el Senado es crítica, ya que el Plan B propone una reducción del 84 por ciento del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que podría comprometer la organización de futuros comicios. En España y el resto de Latinoamérica, el caso es observado con cautela por organismos de transparencia internacional, dado que la estabilidad de las instituciones mexicanas es un factor determinante para la seguridad de las inversiones extranjeras y la cooperación democrática en la región iberoamericana. (Lee también: Por qué el Senado aprueba el ingreso de militares de EU con armas a México.) (Lee también: Lo que Higinio Martínez no quiere que ignores sobre el nuevo Plan B.)

Desde una perspectiva analítica, el bloque opositor liderado por el PRI, PAN y PRD requiere mantener una cohesión del 100 por ciento para forzar una revisión constitucional que traslade la disputa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alito Moreno señaló que los mensajes de presión han sido detectados de forma recurrente en días previos a la votación, por lo que la exposición pública de estas irregularidades actúa como un mecanismo de defensa política ante un escenario de alta polarización legislativa que define el rumbo de la gestión electoral en el país.