El ejecutivo notifica al Senado de la República una omisión crítica en materia de paridad de género dentro de la iniciativa de reforma electoral Plan B este miércoles 18 de marzo de 2026. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal remitió el oficio para reinsertar el principio de paridad en el artículo 115 constitucional, el cual no apareció en las fojas 10 y 15 del documento original entregado el pasado martes.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, confirmó que el documento ya fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su debida corrección. El ajuste busca garantizar que la integración de los municipios respete la igualdad sustantiva, un eje central en la agenda política de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. (Lee también: Lo que Sheinbaum hace para evitar el caos vial por la CNTE en la CDMX.)
Esta rectificación es fundamental para México porque evita que la reforma electoral nazca con vacíos legales que vulneren los derechos políticos de las mujeres en el ámbito local. La relevancia del tema se extiende a Latinoamérica y España, donde los marcos jurídicos de paridad mexicanos son observados como referentes necesarios para la estabilidad democrática y la representación proporcional en la región. (Lee también: Por qué Sheinbaum informa que la FGR cambia todo tras la tragedia en Dos Bocas.)
Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, señaló que la eliminación inicial del principio de paridad representa un error grave en la redacción legislativa que no debe repetirse. El Senado ahora deberá integrar formalmente la mención de conformidad con el principio de paridad antes de que el dictamen final sea discutido y aprobado por el pleno legislativo en los próximos días. (Lee también: 5 razones por las que lo que ha hecho lopez gatell en la ONU es relevante.)
El impacto de este ajuste administrativo es directo sobre la organización de los próximos comicios y la estructura de los ayuntamientos en todo el territorio nacional. La corrección asegura que el Plan B no contravenga los mandatos constitucionales vigentes y mantiene la ruta crítica de la reforma sin los riesgos jurídicos que implicaría ignorar la equidad de género en la ley fundamental.
