Para los trabajadores en México que pertenecen a la llamada "Generación de Transición", es decir, aquellos que comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997, comprender el funcionamiento de la Ley 73 es fundamental para garantizar una estabilidad financiera durante la vejez. Una de las interrogantes más comunes entre este sector de la población es el impacto real que tiene la edad al momento de tramitar el retiro.
Bajo los lineamientos de este régimen, la edad de jubilación no es simplemente un requisito administrativo, sino el factor determinante que define el porcentaje del monto calculado que el beneficiario recibirá mensualmente. Aunque el marco legal exige un mínimo de 500 semanas cotizadas, el factor de la edad opera de manera progresiva, lo que puede marcar una diferencia sustancial en el monto de la pensión vitalicia.
Si un trabajador decide retirarse al cumplir los 60 años, bajo la figura de Cesantía en Edad Avanzada, tiene derecho a recibir el 75% del monto que resulte del cálculo de su promedio salarial y semanas cotizadas. A partir de ese punto, por cada año adicional que el empleado decida postergar su retiro, el porcentaje asignado se incrementa en un 5% anual.
De esta manera, el escalafón queda distribuido de la siguiente forma: a los 61 años el trabajador accede al 80% de su pensión; a los 62 años al 85%; a los 63 años al 90%; y al cumplir los 64 años tiene derecho al 95%. El beneficio máximo se alcanza finalmente al llegar a los 65 años, momento en el cual el IMSS otorga el 100% de la cuantía básica por concepto de pensión por Vejez.
Esta diferencia del 25% entre jubilarse a los 60 o a los 65 años representa un incentivo económico significativo. Por ejemplo, en un cálculo hipotético donde la pensión calculada sea de 20,000 pesos mensuales, retirarse a los 60 años significaría recibir 15,000 pesos, mientras que esperar a los 65 años garantizaría el cobro íntegro de los 20,000 pesos mensuales, además de los incrementos anuales por ley.
Expertos en seguridad social en México recomiendan realizar un análisis exhaustivo antes de tomar la decisión. Si bien la jubilación temprana permite un descanso inmediato, la postergación del trámite hasta los 65 años se traduce en una mayor solidez financiera a largo plazo, un factor crítico considerando la inflación y el aumento en los costos de vida. Los asegurados deben evaluar si su situación laboral y de salud les permite continuar cotizando para alcanzar el máximo beneficio posible que ofrece el sistema de la Ley 73.
