En un avance significativo para la legislación ambiental del Estado de México, las comisiones unidas del Congreso local han dado luz verde a la tipificación del ecocidio como un delito grave dentro del Código Penal estatal. Esta medida, que busca frenar el deterioro acelerado de los ecosistemas en la entidad más poblada del país, contempla sanciones severas que podrían alcanzar hasta los 12 años de prisión para quienes resulten responsables de atentar de manera sistemática y grave contra el medio ambiente.
El dictamen, discutido y aprobado por los legisladores mexiquenses en sesión de comisiones, define el ecocidio como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos a la naturaleza. Con esta resolución, el Estado de México busca posicionarse a la vanguardia en materia de justicia climática, respondiendo a una demanda histórica de colectivos ambientalistas y ciudadanos preocupados por la pérdida de zonas boscosas y la contaminación de cuerpos de agua en la región.
Durante la jornada de trabajo legislativo, se enfatizó que el endurecimiento de las penas no solo tiene un carácter punitivo, sino principalmente disuasorio. Además de la privación de la libertad, las reformas propuestas contemplan multas económicas sustanciales que buscarán ser destinadas a la reparación del daño y la restauración de los ecosistemas afectados. Los integrantes de las comisiones señalaron que zonas críticas del estado han sufrido agresiones constantes que, bajo el marco legal anterior, no contaban con herramientas lo suficientemente robustas para ser castigadas con el rigor necesario.
Es importante destacar que, tras este avance en comisiones, el dictamen deberá ser presentado ante el Pleno de la Legislatura para su votación definitiva. Sin embargo, el consenso mostrado por las distintas fuerzas políticas sugiere que la iniciativa cuenta con el respaldo necesario para convertirse en ley en el corto plazo. De concretarse, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contará con nuevas facultades para perseguir delitos que anteriormente quedaban en la impunidad o eran tratados simplemente como faltas administrativas menores.
Con esta reforma, se envía un mensaje claro a sectores industriales, desarrolladores inmobiliarios y particulares: el daño irreversible a la biodiversidad mexiquense ahora conlleva consecuencias penales de alto impacto, priorizando el derecho constitucional a un medio ambiente sano para las futuras generaciones.
