Un grupo de legisladores en Estados Unidos ha intensificado el escrutinio sobre las grandes empresas tecnológicas, exigiendo claridad absoluta sobre la cantidad y el tipo de datos de usuarios que han sido entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta acción surge tras revelaciones periodísticas recientes que apuntan a una posible estrategia de vigilancia gubernamental dirigida específicamente a críticos de las políticas migratorias y de seguridad.
Las peticiones de información formal se enviaron luego de que una investigación de The New York Times revelara que el DHS emitió citatorios legales a Meta —empresa matriz de redes sociales de uso masivo en México como Facebook, Instagram y WhatsApp— así como a otras plataformas digitales. El objetivo principal de estas solicitudes de información era obtener detalles privados sobre cuentas específicas que se dedican a monitorear, rastrear o comentar de forma crítica las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Para el público en México y la comunidad migrante, el ICE es una de las agencias estadounidenses más relevantes y polémicas, ya que es la entidad encargada directa de las operaciones de detención y deportación de personas indocumentadas. La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos utilice herramientas digitales para vigilar a activistas o ciudadanos que documentan las acciones de esta agencia ha encendido las alarmas sobre posibles violaciones a la privacidad y al derecho de libre expresión.
Los legisladores involucrados buscan determinar si las empresas tecnológicas cumplieron con estas solicitudes de forma automática o si existió algún proceso de impugnación legal para proteger la integridad de sus usuarios. Hasta el momento, el enfoque de la investigación legislativa se centra en entender el alcance de la cooperación entre el sector privado tecnológico y las agencias de seguridad nacional, especialmente en casos donde los usuarios no están vinculados a actividades criminales, sino simplemente al ejercicio de la opinión pública y la fiscalización ciudadana.
Este caso pone de manifiesto la creciente tensión entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el derecho universal a la privacidad en la era digital. Mientras el DHS suele justificar estas acciones bajo la premisa de la seguridad nacional, los defensores de los derechos civiles argumentan que el uso de citatorios judiciales para rastrear a críticos del ICE sienta un precedente peligroso para la democracia y la seguridad de los activistas que operan en plataformas digitales a nivel internacional.
