En un fallo histórico que resuena en toda América Latina, el sistema judicial de Brasil ha dado un paso decisivo para cerrar uno de los capítulos más dolorosos y emblemáticos de su historia reciente. Un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) declaró culpables a los autores intelectuales y materiales detrás del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y de su conductor, Anderson Gomes, ocurrido en marzo de 2018. La sentencia impuesta alcanza los 76 años de prisión, una medida que busca resarcir, en la medida de lo posible, la gravedad de un crimen que sacudió los cimientos democráticos del país sudamericano.
El caso de Marielle Franco, una mujer negra, lesbiana y defensora incansable de los derechos humanos en las favelas, no fue un homicidio común. Según las investigaciones validadas por el tribunal, el atentado fue una operación meticulosamente planeada que expuso los vínculos estructurales entre la política institucional y las milicias armadas que controlan diversos sectores de Río de Janeiro. El veredicto de los magistrados subraya que el asesinato fue una represalia directa a la labor política de Franco, quien se oponía activamente a la expansión territorial de grupos criminales vinculados a exoficiales de policía y políticos locales.
Para el lector mexicano, este caso guarda paralelismos alarmantes con la realidad nacional. México, al igual que Brasil, enfrenta una crisis persistente de violencia política donde funcionarios locales y defensores de derechos humanos son blanco frecuente del crimen organizado cuando sus intereses chocan con la legalidad. La sentencia en Brasil se percibe como una señal de esperanza para las fiscalías y tribunales de la región, demostrando que, a pesar de la demora de seis años, es posible desarticular las redes de impunidad que protegen a los actores políticos coludidos con la delincuencia.
El proceso judicial no solo se centró en la ejecución material del crimen, sino que profundizó en la compleja red de complicidades que permitió que el plan se llevara a cabo. Durante años, la investigación sufrió bloqueos y desvíos, lo que aumentó la presión internacional sobre el gobierno brasileño. Finalmente, el Supremo Tribunal Federal determinó que la condena de 76 años es proporcional al daño causado no solo a las familias de las víctimas, sino a la integridad de las instituciones públicas.
Con esta resolución, Brasil intenta enviar un mensaje contundente: nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que ostentan el poder político. Mientras las familias de Marielle y Anderson celebran el fin de una larga batalla legal, el continente observa este veredicto como un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, es el único camino para sanar las heridas de la violencia política y fortalecer el Estado de Derecho en las democracias latinoamericanas.
