Alvi Choudhury, un joven profesional de 26 años residente de Southampton, Inglaterra, ha iniciado una batalla legal contra la policía local tras vivir una pesadilla tecnológica que lo mantuvo tras las rejas de forma injustificada. Lo que parecía ser una jornada laboral ordinaria de trabajo remoto o "home office" se convirtió en un arresto arbitrario provocado por un fallo crítico en los sistemas de reconocimiento facial automatizado empleados por las fuerzas del orden.
El incidente ocurrió mientras Choudhury realizaba sus labores profesionales en la vivienda que comparte con sus padres. Sin previo aviso, oficiales de policía irrumpieron en el domicilio y procedieron a su detención inmediata. Según los reportes oficiales, los algoritmos de seguridad lo identificaron erróneamente como el presunto responsable de un robo a casa habitación ocurrido en una localidad ubicada a más de 160 kilómetros (100 millas) de distancia de su hogar, en un sitio donde el joven ni siquiera había estado.
A pesar de sus insistentes protestas y de contar con evidencia de que se encontraba laborando al momento de los hechos, el ciudadano fue trasladado a una comisaría donde permaneció bajo custodia policial durante 10 horas. Este caso ha encendido las alarmas sobre la fiabilidad de las herramientas de inteligencia artificial y la falta de protocolos de verificación humana en los cuerpos de seguridad.
La demanda interpuesta por Choudhury alega que la dependencia excesiva en esta tecnología vulneró sus derechos civiles y le causó un daño moral significativo. Expertos en derechos digitales y biometría señalan que los llamados "falsos positivos" en el reconocimiento facial son una preocupación latente, especialmente debido a que estos sistemas suelen presentar mayores márgenes de error dependiendo de la iluminación de las imágenes o las características físicas de los sujetos.
Para el contexto en México, este caso resulta de especial relevancia ante el creciente interés de diversos gobiernos estatales y fiscalías por implementar cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y bases de datos biométricas. La experiencia de Alvi Choudhury sirve como un recordatorio internacional sobre los riesgos de automatizar la justicia y la necesidad de establecer marcos legales rigurosos para proteger a los ciudadanos de errores algorítmicos.
Por el momento, la corporación policial implicada ha evitado emitir declaraciones detalladas debido al proceso legal en curso, limitándose a informar que sus protocolos de identificación están sujetos a revisión constante. Mientras tanto, el demandante busca una compensación económica y que se establezcan precedentes para evitar que otros ciudadanos inocentes enfrenten situaciones similares.
