En un caso que ha encendido las alarmas sobre el uso de la inteligencia artificial en la seguridad pública, Alvi Choudhury, un joven de 26 años residente de Southampton, Inglaterra, ha iniciado acciones legales contra las autoridades tras ser víctima de un grave error de identificación. El incidente ocurrió mientras Choudhury se encontraba realizando sus labores de oficina mediante la modalidad de teletrabajo en la casa que comparte con sus padres.

La tranquilidad de su jornada laboral se vio interrumpida de forma abrupta cuando agentes de la policía local irrumpieron en su domicilio para proceder con su arresto. La detención no se basó en pruebas físicas o testimoniales directas, sino en la coincidencia generada por un software de reconocimiento facial. Según el sistema, el rostro de Choudhury coincidía con el de un sospechoso buscado por un robo a casa habitación ocurrido en una localidad situada a más de 160 kilómetros (100 millas) de su residencia.

Choudhury fue trasladado a una comisaría donde permaneció bajo custodia policial durante 10 horas. A pesar de sus intentos por explicar que él no se encontraba cerca de la escena del crimen y que sus actividades laborales podían comprobar su ubicación en Southampton, las autoridades mantuvieron la detención basándose primordialmente en el reporte tecnológico. Tras una exhaustiva revisión de los hechos y la comprobación de su coartada, el joven fue puesto en libertad sin cargos, confirmándose que se trataba de un 'falso positivo' del algoritmo.

Este caso ha resonado en la opinión pública internacional y es especialmente relevante para México, donde la implementación de cámaras de vigilancia inteligentes y sistemas de identificación biométrica ha comenzado a expandirse en grandes metrópolis como la Ciudad de México y Monterrey. El incidente de Choudhury pone de relieve los riesgos de la 'justicia algorítmica' y la posibilidad de detenciones arbitrarias cuando la tecnología no cuenta con la supervisión humana adecuada.

Actualmente, Alvi Choudhury busca una compensación por daños y perjuicios, argumentando que el trauma del arresto injustificado y el tiempo pasado en prisión han afectado su vida personal y profesional. Su equipo legal sostiene que las fuerzas del orden dependen excesivamente de herramientas tecnológicas que, como ha quedado demostrado, tienen márgenes de error que pueden destruir la reputación y la libertad de ciudadanos inocentes.