En una sesión que marca un hito para los derechos laborales en la capital del país, el pleno del Congreso de la Ciudad de México, actuando en su carácter de Constituyente Permanente, aprobó por unanimidad la minuta de reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Con una votación contundente de 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores capitalinos dieron luz verde a las modificaciones de las fracciones IV y XI del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma constitucional establece un cambio fundamental en la relación laboral del país, garantizando que por cada cinco días de trabajo, el empleado disfrute de al menos dos días de descanso. No obstante, la implementación de esta medida no será inmediata. Según lo expuesto en tribuna, el proceso de transición será progresivo, con el objetivo de alcanzar el cumplimiento del 100% de la nueva normativa para el año 2030.
Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada de Morena, fue la encargada de detallar los motivos detrás de este plazo extendido. La legisladora explicó que la entrada en vigor paulatina responde a la necesidad de proteger la operatividad de sectores estratégicos y servicios esenciales. La intención es evitar crisis en el funcionamiento de hospitales, cuerpos de seguridad, comercios y, de manera muy especial, en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que representan el motor económico de la capital.
Durante su intervención, Bravo subrayó que este acuerdo fue producto del diálogo con diversos sectores de la economía. “Al final del día, cuando se acuerdan este tipo de cosas, se hacen en el colectivo, escuchando a todas y a todos los que son parte de la economía de esta Ciudad”, afirmó. La legisladora enfatizó que la meta es cumplir la promesa a la ciudadanía sin poner en riesgo la estabilidad financiera de los empleadores que operan con márgenes más ajustados.
Con esta aprobación, la Ciudad de México se suma al proceso de ratificación nacional necesario para elevar a rango constitucional este derecho. Para el trabajador promedio mexicano, esta reforma representa una de las transformaciones más significativas en décadas, buscando alinear la legislación nacional con los estándares internacionales de productividad y salud laboral. El camino hacia 2030 plantea ahora el reto de que tanto el sector público como el privado ajusten sus esquemas de turnos y producción para garantizar que la reducción de horas se traduzca efectivamente en una mejor calidad de vida.
