Para muchos estudiantes de leyes, el Derecho Romano podría parecer una materia del pasado, una reliquia histórica sin aplicación práctica en los juzgados contemporáneos. Sin embargo, en el panorama jurídico de México, esta disciplina se erige no solo como un antecedente, sino como el ADN estructural de nuestro sistema normativo. Académicos e instituciones de prestigio señalan que su estudio debe prevalecer y profundizarse a nivel profesional para garantizar una formación sólida y crítica.
México, al pertenecer a la familia del Derecho Civil o sistema neorromanista, sustenta gran parte de sus códigos Civil y de Comercio en los principios desarrollados hace más de dos milenios. Desde la concepción de la propiedad y las sucesiones, hasta la teoría general de las obligaciones y los contratos, el legado de Roma sigue dictando la pauta de cómo se imparte justicia y se resuelven conflictos en el país. Por ello, la comprensión de estas raíces es vital para cualquier jurista en formación.
El llamado a profundizar en esta materia no responde a un romanticismo académico, sino a una necesidad técnica. El estudio exhaustivo de las fuentes romanas permite a los futuros abogados desarrollar un razonamiento jurídico riguroso. Al entender el 'porqué' de las normas y el origen de las instituciones legales, el profesional del derecho adquiere la capacidad de interpretar la ley con mayor profundidad, una habilidad esencial ante las constantes reformas legislativas que vive la nación.
En un mundo globalizado y altamente digitalizado, donde surgen nuevos desafíos como el derecho informático o los contratos inteligentes, el Derecho Romano ofrece las bases conceptuales necesarias para regular estas nuevas realidades. Los expertos coinciden en que un jurista que desconoce las raíces romanas está limitado a una visión superficial de la ley, convirtiéndose en un profesional que solo aplica códigos en lugar de ser un verdadero arquitecto de la justicia.
Finalmente, la integración y el fortalecimiento del Derecho Romano en los planes de estudio actuales no debe verse como una carga administrativa o un requisito obsoleto, sino como una inversión en la calidad del ejercicio legal. La excelencia en la abogacía mexicana depende, en gran medida, de no olvidar las lecciones de los grandes jurisconsultos que sentaron las bases de la civilización jurídica moderna.
