CIUDAD DE MÉXICO. — En una resolución que ha generado controversia en los círculos judiciales internacionales, los fiscales no lograron revocar la absolución de Hamit Coskun, un individuo que inicialmente había sido condenado por quemar una copia del Corán frente a la embajada de Turquía. El caso, que pone de relieve la tensión entre la libertad de expresión y las leyes de orden público, concluyó esta semana con la ratificación del fallo a favor del acusado.
Los hechos que originaron el proceso legal ocurrieron el 13 de febrero, cuando Coskun sostuvo un ejemplar en llamas del texto sagrado islámico mientras gritaba consignas ofensivas contra la religión. Debido a estas acciones, el hombre fue declarado culpable en junio pasado por el cargo de alteración del orden público con agravantes religiosos. Sin embargo, tras una revisión del caso, dicha condena fue anulada, y el reciente intento de la fiscalía por restablecer la sentencia ha resultado infructuoso.
Para el lector en México, es importante contextualizar que este tipo de incidentes no solo representan una ofensa religiosa para millones de personas, sino que se enmarcan en un clima de alta sensibilidad geopolítica. Turquía, como nación de mayoría musulmana, ha sido firme en exigir sanciones severas contra quienes profanen símbolos sagrados bajo el argumento de la libertad de protesta. En el ámbito legal europeo, donde se desarrolló el juicio, la distinción entre un acto de expresión política y un delito de odio sigue siendo un terreno jurídico sumamente complejo.
La fiscalía argumentaba que el comportamiento de Coskun fue diseñado específicamente para incitar al odio y provocar desmanes en un lugar de alta importancia diplomática. No obstante, los tribunales determinaron que las pruebas y el marco legal vigente no eran suficientes para mantener la condena penal, permitiendo que la absolución se mantuviera firme.
Este veredicto se suma a una serie de precedentes legales que continúan moldeando los límites de lo que se permite en las manifestaciones públicas en Occidente. Mientras que algunas organizaciones de derechos humanos defienden que estas acciones están protegidas por la libertad de opinión, grupos religiosos y diversos sectores de la sociedad civil insisten en que tales actos socavan la cohesión social y el respeto mutuo entre culturas.
