La batalla legal por el caso del crematorio Plenitud en el estado de Chihuahua ha tomado un nuevo e intenso giro tras la intervención de las autoridades estatales. En una medida contundente para revertir la reciente liberación del propietario de dicho establecimiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la presentación de un recurso de revisión, buscando que una instancia superior analice y revoque la protección constitucional otorgada al imputado.
La impugnación surge como respuesta inmediata al amparo concedido por el Juzgado Séptimo de Distrito en la entidad, el cual permitió que el dueño de la empresa funeraria abandonara la reclusión. Según fuentes oficiales, la representación social argumenta que existen elementos probatorios suficientes para sostener el proceso penal, por lo que el recurso de revisión será turnado a un Tribunal Colegiado para que se evalúe si el juez federal actuó conforme a derecho al conceder el beneficio legal.
Sin embargo, la acción de la Fiscalía no se limitó al ámbito procesal. En un movimiento que subraya la tensión entre el Poder Ejecutivo local y el Poder Judicial de la Federación, se confirmó la presentación de una queja formal ante el Tribunal de Disciplina en contra del titular del Juzgado Séptimo de Distrito. Esta medida busca que el órgano de control investigue el proceder del juez, bajo la sospecha de posibles anomalías en los criterios utilizados para liberar al señalado.
El caso Plenitud ha captado la atención pública en Chihuahua debido a la sensibilidad de las investigaciones que rodean al negocio de servicios funerarios. En el contexto del sistema de justicia mexicano, el recurso de revisión representa la última vía para que la Fiscalía intente reponer el procedimiento y asegurar que el imputado enfrente las consecuencias de los delitos que se le atribuyen. La queja administrativa, por su parte, pone bajo la lupa la ética y el rigor jurídico del funcionario encargado de impartir justicia.
Por ahora, la resolución definitiva queda en manos de los magistrados federales, quienes deberán determinar si el amparo fue dictado de manera correcta o si, como sostiene la Fiscalía, se vulneraron los principios de justicia en perjuicio de la sociedad chihuahuense. El proceso continúa bajo una estrecha vigilancia ciudadana, en un estado donde la exigencia de transparencia judicial es una prioridad constante.
