A casi 20 años de uno de los episodios más polémicos en la historia reciente de los derechos humanos en México, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atraerá el caso de Ernestina Ascencio Rosario. La institución federal centrará sus nuevas líneas de investigación en el delito de tortura sexual, presuntamente perpetrado por elementos del Ejército Mexicano.

Los hechos se remontan a febrero de 2007 en el municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Ernestina Ascencio, una mujer indígena náhuatl de 73 años, fue encontrada herida de gravedad cerca de un destacamento militar. Según los testimonios iniciales de sus familiares, antes de morir en un hospital de Orizaba, la víctima logró identificar a sus agresores como hombres uniformados pertenecientes a las fuerzas armadas.

El caso generó una indignación nacional e internacional debido a la respuesta de las autoridades de aquel entonces. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la versión oficial del Estado mexicano sostuvo que la muerte de Ascencio Rosario fue producto de una “gastritis crónica hemorrágica”, desestimando las pruebas de violencia física y sexual presentadas por peritos locales. Esta narrativa fue vista por organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos como un intento de encubrimiento institucional para proteger la imagen de las fuerzas armadas.

La reapertura del expediente y su atracción por parte de la FGR responden al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional ha insistido en que el Estado mexicano tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género que permita deslindar responsabilidades y castigar a quienes resulten culpables de la agresión y de la posterior manipulación de la evidencia.

Esta decisión de la Fiscalía General de la República representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para la comunidad náhuatl y la familia de Ernestina Ascencio. El proceso judicial actual pretende no solo sancionar a los autores materiales, sino también revisar la cadena de mando y las omisiones de los funcionarios públicos que validaron la tesis médica inicial que mantuvo el caso en la impunidad durante casi dos décadas.