La Fiscalía General de la República (FGR) anunció de manera oficial que ha ejercido su facultad de atracción en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, la mujer indígena de 73 años que presuntamente fue víctima de abuso sexual y agresiones por parte de elementos del Ejército Mexicano en el año 2007. Esta determinación responde al cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por las omisiones y falta de justicia en el proceso original.

En un comunicado institucional, la dependencia federal aseguró que llevará a cabo una investigación exhaustiva y diligente sobre los hechos, los cuales han sido clasificados como “posiblemente constitutivos de tortura sexual”. Asimismo, se indagará la pérdida de la vida de la agraviada bajo los más estrictos estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia, buscando revertir los años de impunidad que han rodeado este emblemático caso.

La conducción de las nuevas indagatorias estará a cargo del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA). Esta unidad, que opera bajo la coordinación de Ernestina Godoy Ramos, será la responsable de aplicar protocolos especializados para determinar las responsabilidades penales correspondientes tras casi dos décadas del suceso.

Los hechos se remontan a febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. En aquel entonces, Ernestina Ascencio fue hallada herida de gravedad cerca de un campamento militar. Antes de fallecer, la víctima identificó a sus agresores como soldados. Sin embargo, las autoridades de la administración federal de aquella época cerraron el caso bajo la polémica conclusión de que la muerte se debió a una “gastritis crónica”, versión que fue ampliamente cuestionada por organizaciones civiles y organismos internacionales.

La reapertura del expediente bajo la jurisdicción federal representa un hito en la búsqueda de justicia para las comunidades indígenas y un reconocimiento tácito de las fallas del Estado en la protección de las mujeres. La FGR enfatizó que el proceso se mantendrá apegado a la legalidad, garantizando que el acceso a la verdad sea la prioridad en esta nueva etapa de la investigación.