En México, la violencia de género ha escalado a niveles críticos, donde el feminicidio deja una huella imborrable no solo en las víctimas directas, sino en el tejido social. De acuerdo con datos de la organización Justicia Pro Persona A.C., en la última década más de 23 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) han quedado en situación de orfandad debido a este delito. La organización feminista, dedicada a la defensa de los derechos humanos, alerta que el Estado carece de una infraestructura sólida para atender a esta población vulnerable.

La asociación civil denunció a través de un comunicado que, ante la falta de registros claros y unificados, es evidente la inexistencia de una red nacional de apoyo. Esta carencia se traduce en la ausencia de atención psicológica especializada, acompañamiento educativo, protección a largo plazo y apoyos económicos suficientes para quienes pierden a sus madres bajo circunstancias violentas. El impacto se extiende también a la crisis de desapariciones, donde las cifras de víctimas indirectas menores de edad aún permanecen en la incertidumbre estadística.

Un aspecto crítico de esta problemática es el impacto en la estructura familiar. Ante la ausencia de la madre, el cuidado de los menores recae principalmente en las abuelas. Estas mujeres no solo enfrentan el duelo y el proceso legal, sino también una severa precarización económica y un desgaste emocional profundo. Justicia Pro Persona señala que este grupo enfrenta un abandono institucional sistemático, debido a que las políticas públicas actuales no son integrales ni contemplan las necesidades específicas de las familias extendidas que asumen la crianza.

Lo que resulta novedoso en esta denuncia es el señalamiento directo sobre la falta de estimaciones reales sobre menores afectados por la desaparición de personas, una problemática que corre paralela al feminicidio. Hoy se pone de manifiesto que el sistema de cuidados en México está colapsado para las víctimas colaterales de la violencia extrema. No obstante, aún falta que las autoridades federales y las fiscalías estatales confirmen y contrasten estas cifras para generar un padrón nacional que permita la asignación de recursos específicos.

Finalmente, el feminicidio no solo vulnera el derecho a la vida de las mujeres, sino que modifica drásticamente los roles familiares y la convivencia. El vacío que deja una madre asesinada se convierte en una carga de responsabilidad desproporcionada para otros integrantes de la familia, dificultando el desarrollo pleno de las infancias en un entorno de justicia y seguridad.