En un hecho sin precedentes que pone bajo la lupa el uso de las facultades presidenciales en Estados Unidos, la familia de Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos, presentó una demanda civil contra la administración del presidente Donald Trump. El recurso legal busca invalidar las sanciones impuestas contra la experta internacional, a quien Washington ha calificado de promover un "antisemitismo descarado" y orquestar una campaña contra el Estado de Israel.
La demanda fue interpuesta este jueves ante un tribunal federal de la capital estadounidense y señala directamente a figuras centrales del gabinete republicano, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la fiscal general, Pam Bondi. El núcleo del argumento legal sostiene que las medidas punitivas contra Albanese representan una violación flagrante a la libertad de expresión y al debido proceso, derechos consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
De acuerdo con el documento presentado por Massimiliano, esposo de la relatora, las sanciones económicas y administrativas son herramientas poderosas diseñadas originalmente para combatir actividades de grupos terroristas, criminales internacionales y regímenes autoritarios. No obstante, el equipo legal advierte que en este caso se está cometiendo un abuso de poder al utilizar dichos mecanismos para silenciar voces disidentes y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del gobierno en turno.
La postura de la Casa Blanca ha sido tajante al señalar que Albanese utiliza su posición en la ONU para atacar sistemáticamente a Israel. Sin embargo, para la comunidad internacional y observadores en México —país que históricamente ha defendido el multilateralismo y la autonomía de los organismos internacionales—, este caso marca un precedente preocupante sobre la vulnerabilidad de los funcionarios de derechos humanos frente a las presiones políticas de las potencias mundiales.
A pesar de las restricciones financieras y diplomáticas, Francesca Albanese ha manifestado que no cesará en su labor de documentar la situación en los territorios palestinos. Por su parte, la ONU ya ha solicitado formalmente a Washington que anule estas sanciones, argumentando que interfieren directamente con el mandato de supervisión de derechos humanos en zonas de conflicto. Este litigio se perfila como uno de los choques legales más relevantes entre la administración Trump y el sistema de Naciones Unidas en el inicio de este ciclo político.
